Bogotá, 9 de junio de 2026. La respuesta de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella, presentando las acciones en Estados Unidos como un llamado a “destripar el progresismo” y como persecución ideológica, se inserta en un relato que el presidente impulsa desde 2025: el de un proyecto acosado por sanciones, pesquisas y decisiones judiciales agrupadas bajo la noción de lawfare. Al integrar en un mismo encuadre las investigaciones preliminares de fiscales federales y las sanciones del Tesoro, busca que expedientes concretos se lean como parte de una ofensiva política contra la legitimidad del progresismo en Colombia.
Del lado de De la Espriella, las gestiones ante autoridades estadounidenses funcionan como credencial central de campaña y como plataforma de denuncia. El abogado-candidato se presenta como quien lleva a “instancias internacionales” los presuntos vínculos de Petro con narcotráfico y corrupción, y celebra que Washington haya sancionado al mandatario y a su entorno, reforzando la idea de que la desconfianza externa respalda sus señalamientos. Esa apuesta lo asocia con la promesa de restaurar la legalidad, pero también lo expone a la acusación de recurrir a jurisdicciones extranjeras para golpear a un jefe de Estado en ejercicio.
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El patrón de fondo es la internacionalización del conflicto político colombiano, con Estados Unidos convertido en escenario simbólico y jurídico donde se proyecta la disputa entre gobierno y oposición. Las sanciones del Tesoro y las pesquisas federales dejan de ser variables de política exterior para volverse insumos directos de la contienda interna: el oficialismo las presenta como evidencia de persecución, mientras la derecha las usa como prueba de que el presidente arrastra un problema de credibilidad en materia de narcotráfico y corrupción.
En este marco, la evolución de las investigaciones y sanciones adquiere valor estratégico. Un endurecimiento de las medidas o el paso a cargos formales reforzaría el discurso opositor sobre la connivencia del gobierno con carteles y aumentaría la presión sobre la coalición de Petro, especialmente frente a votantes moderados y actores económicos. Si, por el contrario, las pesquisas se estancan o no producen decisiones contundentes, el presidente podría apuntalar su narrativa de persecución sobredimensionada y presentarse como víctima de una operación política fallida.
Hacia 2026, la disputa tiende a girar menos en torno a programas y más alrededor de quién logra apropiarse de la idea de legalidad. Petro intenta hacerlo denunciando un lawfare transnacional que busca “destripar el progresismo”, mientras De la Espriella y otros opositores se aferran a la sombra de expedientes abiertos en Washington para reclamar autoridad moral en la lucha contra el narcotráfico. De la forma en que se resuelva esa pugna simbólica dependerá en buena medida si el conflicto se canaliza por vías institucionales o si se consolida un escenario donde la política colombiana queda subordinada a decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
