Ibagué, 6 de junio de 2026. La denuncia de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por una presunta operación de desinformación apoyada en inteligencia artificial irrumpe en la recta final presidencial. El candidato del Pacto Histórico sostiene que circulan piezas falsas que usan su imagen y su nombre para atribuirle mensajes inexistentes, mientras los señalados aún no han presentado una respuesta detallada frente a las acusaciones.
La relevancia del episodio trasciende la discusión sobre una posible campaña negativa. Lo que aparece es una transformación más profunda del terreno electoral. Durante años, las controversias se concentraron en debates ideológicos, propuestas o escándalos políticos. Ahora la disputa empieza a trasladarse hacia la autenticidad misma de la información. La pregunta ya no gira únicamente alrededor de quién tiene razón, sino sobre qué contenido puede considerarse genuino y cuál pudo haber sido fabricado digitalmente.
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Esa modificación altera los incentivos de todos los actores. Para quien denuncia una operación de manipulación, el desafío consiste en demostrar técnicamente la existencia de una estructura organizada detrás de los contenidos. Para quien recibe la acusación, la presión pasa por probar distancia frente a cualquier pieza irregular que circule en su entorno digital. En ambos casos, la carga probatoria se vuelve más compleja porque las herramientas tecnológicas permiten ocultar rastros, fragmentar responsabilidades y amplificar mensajes mediante redes descentralizadas.
También emerge una tensión que probablemente acompañará las próximas campañas. La inteligencia artificial amplía la capacidad para producir montajes convincentes, audios sintéticos y materiales visuales difíciles de detectar. Al mismo tiempo, la simple afirmación de que algo fue creado artificialmente puede convertirse en un mecanismo para cuestionar contenidos auténticos. Esa doble posibilidad introduce una zona de incertidumbre que beneficia a quienes logran dominar la conversación emocional y perjudica a quienes dependen de verificaciones lentas o explicaciones técnicas.
La acusación de Cepeda aparece además en un contexto donde organismos de observación electoral y verificadores han documentado un crecimiento sostenido de operaciones de engaño digital. La existencia de ese fenómeno general fortalece la preocupación sobre el riesgo sistémico, aunque no constituye evidencia de autoría en este caso particular. Esa diferencia será determinante para cualquier actuación institucional futura y para la credibilidad de los protagonistas involucrados.
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Si la controversia escala hacia organismos electorales o judiciales, el efecto más relevante podría producirse fuera de los expedientes. Cada nuevo episodio de manipulación o sospecha contribuye a erosionar la confianza ciudadana en lo que observa en pantalla. Cuando una elección entra en una fase donde cualquier imagen, audio o mensaje puede ser considerado potencialmente falso, el centro de gravedad de la competencia deja de estar en las propuestas y se desplaza hacia la confianza. Allí se está librando una de las disputas más importantes de la política colombiana contemporánea.
