Bogotá, 4 de junio de 2026. El Gobierno de Gustavo Petro decidió retirar el respaldo institucional al comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente y dejar de impulsar ese mecanismo, mientras la campaña de Iván Cepeda reafirma que no promoverá esa ruta. La decisión llega después de la primera vuelta presidencial, en la que el candidato oficialista quedó por detrás de Abelardo de la Espriella, y coincide con señales de que la propuesta generaba resistencia entre sectores decisivos para la segunda vuelta.
La importancia del movimiento trasciende la discusión jurídica sobre una eventual reforma constitucional. Lo que aparece es una corrección estratégica del bloque gobernante frente a una realidad electoral que limitó su capacidad de imponer el marco de debate. Durante meses, la convocatoria de una Asamblea fue presentada como una respuesta a los obstáculos encontrados por las reformas del Ejecutivo. Ahora, la prioridad parece desplazarse hacia la reducción de temores institucionales entre votantes moderados cuya decisión puede definir la elección.
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La marcha atrás también altera la relación entre Gustavo Petro y la candidatura de Iván Cepeda. Hasta hace pocas semanas, la campaña intentaba convivir con una propuesta promovida desde sectores cercanos al Gobierno sin asumirla plenamente. Ese equilibrio resultó cada vez más difícil. La distancia pública expresada por Juan Fernando Cristo y María José Pizarro indica que el oficialismo concluyó que mantener ambigüedades era más costoso que asumir una ruptura explícita con esa bandera.
Detrás de la decisión aparece una señal política relevante para el centro electoral. Sergio Fajardo convirtió el rechazo a cualquier proceso constituyente en una condición visible dentro de su decálogo para la segunda vuelta. Al desmontar el respaldo al comité promotor, el oficialismo busca remover uno de los principales obstáculos para atraer respaldos externos y construir una imagen de estabilidad institucional. El cálculo es evidente. La disputa dejó de concentrarse en la movilización de las bases propias y pasó a depender de la confianza que puedan transmitir a sectores que no pertenecen al petrismo.
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Sin embargo, el retiro del impulso oficial no elimina automáticamente el costo acumulado. Durante meses, adversarios del Gobierno asociaron la iniciativa con riesgos sobre las reglas políticas vigentes y con la posibilidad de prolongar la influencia del actual proyecto de poder. Esa narrativa ya forma parte de la campaña y probablemente seguirá siendo utilizada por la oposición incluso después del repliegue. La discusión ya no gira únicamente alrededor de la propuesta misma, sino de la credibilidad del cambio de posición.
Hacia adelante, la decisión abre una tensión interna que podría acompañar al petrismo más allá de la segunda vuelta. Una parte de sus sectores más comprometidos veía en esa iniciativa una vía para profundizar transformaciones que consideran bloqueadas por las instituciones actuales. Renunciar a ella permite ampliar opciones electorales inmediatas, aunque también reduce una de las promesas de cambio estructural más ambiciosas impulsadas desde el poder. El resultado es una reorganización del proyecto oficialista alrededor de una pregunta más amplia. Hasta dónde está dispuesto a moderarse para conservar viabilidad política y cuánto de esa moderación podrá sostener después de las urnas.
