Bogotá, 2 de junio de 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que tiene “bases comprobadas” sobre un posible fraude en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y afirmó que puede entregar esa información a las autoridades competentes. A través de un hilo publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló presuntas modificaciones irregulares en el software de preconteo y escrutinio electoral, mientras reiteró que solo reconocerá los resultados definitivos que surjan del escrutinio realizado por los jueces.
Según Petro, el sistema fue alterado en dos ocasiones el 26 de mayo, cinco días antes de la elección. El mandatario sostuvo que esos cambios habrían modificado el censo electoral oficial, pasando de 41.421.973 a 42.307.373 ciudadanos habilitados para votar. También afirmó que se incrementaron los puestos de votación y el número de mesas instaladas para la jornada electoral.
El presidente señaló además la existencia de 5.300 mesas que calificó como “atípicas”, en las que se habrían registrado más de 300 sufragios por mesa y, en algunos casos, hasta 700 votos. De acuerdo con su denuncia, en esos puntos se concentraría buena parte de la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en el preconteo de la primera vuelta. Petro también acusó al registrador nacional, Hernán Penagos, de negarse a entregar el código fuente del software electoral.
Las afirmaciones fueron rechazadas por la Procuraduría General. El procurador Gregorio Eljach Pacheco aseguró que no existen pruebas ni indicios que respalden los señalamientos y pidió al jefe de Estado remitir la información que sustente sus denuncias. Paralelamente, solicitó explicaciones a la Registraduría sobre las diferencias mencionadas por el mandatario.
Por su parte, Penagos reiteró que los sistemas de preconteo y escrutinio no operan con bases de datos de cédulas individuales y sostuvo que el censo electoral quedó cerrado el 30 de abril sin modificaciones posteriores. También recordó que el código fuente fue congelado mediante mecanismos de verificación digital en presencia de partidos políticos y observadores internacionales.
La controversia surge en el inicio de la campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y mantiene la atención sobre el proceso de escrutinio, cuyos resultados serán los únicos con validez legal para definir al próximo presidente de Colombia.
