Bogotá, 1 de junio de 2026 – El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó que no existen pruebas ni indicios que respalden las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el preconteo de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. El funcionario pidió que, si el mandatario cuenta con evidencia, la entregue por los canales institucionales y recordó que el jefe de Estado no tiene competencia para aceptar o rechazar resultados electorales.
El pronunciamiento se dio luego de que Petro señalara públicamente posibles alteraciones en el sistema de conteo rápido, incluyendo la presunta inclusión de 800.000 cédulas adicionales al censo electoral y cambios en los algoritmos del software utilizado en la transmisión de resultados. Según el presidente, esas supuestas modificaciones habrían afectado la integridad del preconteo difundido la noche electoral.
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En respuesta, Eljach sostuvo que los reportes de los delegados de la Procuraduría en las comisiones escrutadoras no evidencian irregularidades de ese tipo. Indicó que no se han registrado mesas impugnadas que respalden la existencia de votos agregados de manera masiva ni alteraciones en el censo electoral oficial, según la información consolidada hasta el momento.
El procurador agregó que no existe soporte técnico ni denuncias formales que sustenten las afirmaciones del presidente más allá de declaraciones públicas. En ese sentido, insistió en que cualquier señalamiento debe ser presentado con pruebas verificables para ser evaluado dentro de los procedimientos legales correspondientes.
Eljach también recordó que el preconteo es un mecanismo informativo sin efectos jurídicos y que la validez de los resultados recae exclusivamente en los escrutinios oficiales. Precisó que la Constitución y la ley no otorgan al presidente facultades para decidir sobre la aceptación de los resultados electorales en ninguna de sus etapas.
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De forma paralela, la Procuraduría mantiene abiertas investigaciones sobre casos puntuales de irregularidades en algunas mesas de votación, sin que hasta ahora se haya identificado un patrón que comprometa el resultado general de la elección. Estos procesos, según la entidad, corresponden a hechos aislados en estudio y no a un fraude estructural.
El debate se mantiene abierto en medio de la revisión de los escrutinios oficiales. Mientras la Procuraduría insiste en la ausencia de pruebas que respalden las denuncias del presidente, las autoridades electorales continúan consolidando los resultados definitivos del proceso, que aún está en fase de verificación institucional.
