Caquetá, 30 de mayo de 2026 – Caquetá afronta la jornada de elecciones presidenciales en medio de denuncias de presión de grupos armados ilegales, extorsión a pobladores y alertas de riesgo en zonas rurales del departamento. La Fuerza Pública mantiene despliegue de seguridad mientras comunidades reportan temor e incidencia sobre el voto en varios municipios.
En distintas zonas rurales, habitantes señalan cobros extorsivos y presiones para orientar la participación electoral, según cuatro testimonios recogidos por La Silla Vacía. Los relatos apuntan a disidencias de las FARC que convocan reuniones comunitarias y emiten indicaciones sobre preferencias electorales, en un contexto de temor y control territorial que afecta la movilidad y la participación política.
La extorsión se mantiene como una práctica extendida en el departamento, con cobros conocidos como “vacunas” a ganaderos, comerciantes, transportadores y productores rurales. Los pagos varían según la actividad económica y, de acuerdo con reportes periodísticos, se han intensificado en los últimos años junto al fortalecimiento de estructuras armadas en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Montañita y Solano.
Informes del Instituto de Ciencia Política han advertido que en Caquetá y otras regiones del país se presentan presiones como exigencia de certificados electorales, restricciones de movilidad y presencia de actores armados cerca de puestos de votación. El estudio señala además que la compra de votos se ha convertido en una práctica sistemática que ocurre antes de la jornada electoral y condiciona decisiones políticas.
Denuncias difundidas por medios como NTN24 mencionan presiones atribuidas a disidencias de las FARC para orientar el voto hacia el candidato oficialista Iván Cepeda en algunas zonas rurales. En esos reportes, habitantes aseguran que se exige registrar evidencia fotográfica del tarjetón marcado, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas por autoridades electorales.
El gobernador Luis Francisco Ruiz ha reconocido la existencia de presiones de actores armados en áreas rurales y ha señalado la presencia de estructuras vinculadas a disidencias en el territorio. La Fuerza Pública, por su parte, mantiene un despliegue de miles de uniformados en Caquetá y departamentos vecinos para proteger puestos de votación y garantizar el desarrollo de la jornada electoral.
El departamento llega a las elecciones con alertas de la Defensoría del Pueblo que clasifican a sus 16 municipios en distintos niveles de riesgo electoral. Aunque las autoridades reportan operativos de seguridad, organizaciones y centros de estudio advierten que el control territorial de grupos armados sigue influyendo en la participación ciudadana, mientras los resultados de la jornada serán determinantes para evaluar la magnitud de las presiones.
