Bogotá, 29 de mayo de 2026 – El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos o candidaturas mediante canales y escenarios institucionales del Estado. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, que concluyó que el mandatario incumplió las restricciones de neutralidad política previstas en la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías.
El fallo revocó una decisión previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había rechazado una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, Fede Colombia. La organización pidió obligar al presidente y al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, a respetar la prohibición de hacer propaganda electoral usando medios oficiales.
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La Sección Quinta determinó que Petro difundió mensajes con contenido político-electoral a través de publicaciones oficiales, discursos y plataformas vinculadas a la Presidencia, como X y YouTube. Según la sentencia, el mandatario promovió contenidos favorables a un partido político en plena campaña presidencial de 2026.
El Consejo de Estado sostuvo que el presidente, pese a no ser candidato, sigue siendo un servidor público sometido a las restricciones de participación política establecidas en la Ley de Garantías. La decisión ordena que, en adelante, se abstenga de usar publicaciones oficiales, estaciones estatales de radio y televisión o imprenta pública para difundir propaganda electoral.
El fallo también dispuso que la Procuraduría General de la Nación vigile el cumplimiento de la orden. Sin embargo, el tribunal eximió de responsabilidad al Dapre al considerar que la obligación recae directamente sobre el jefe de Estado.
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La sentencia no impone sanciones disciplinarias o penales inmediatas, pero declara formalmente el incumplimiento del deber de neutralidad política por parte del presidente. La decisión llega a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y se suma a otros procesos e investigaciones relacionados con presunta participación política del mandatario y varios integrantes de su gobierno.
En abril de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había ordenado a Petro retractarse de publicaciones sobre presunto fraude electoral y abstenerse de hacer nuevas acusaciones sin pruebas contra la organización electoral. Paralelamente, la Procuraduría y otros organismos mantienen abiertas investigaciones por supuesta participación indebida en política de funcionarios del Ejecutivo.
