Bogotá, 29 de mayo de 2026 – La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mantiene abiertos 11 expedientes contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política, en medio de denuncias y actuaciones de oficio relacionadas con mensajes en redes sociales, discursos públicos y pronunciamientos vinculados al proceso electoral de 2026.
La información la reveló Semana, que a partir de documentos internos de la Comisión y fuentes legislativas detalló el estado de los procesos y precisó que el conteo de 11 investigaciones corresponde específicamente a casos asociados a participación en política, entre trámites disciplinarios y penales que se adelantan bajo el fuero constitucional del jefe de Estado.
De acuerdo con los registros conocidos, los expedientes incluyen investigaciones de oficio y denuncias presentadas por congresistas, ciudadanos y abogados, además de actuaciones acumuladas por hechos similares que han sido agrupados en un mismo trámite para su análisis conjunto dentro de la corporación.
Uno de los elementos recientes dentro del conjunto de procesos es la apertura de una investigación de oficio por parte de la Comisión, motivada por publicaciones y declaraciones del presidente en redes sociales en el contexto de la campaña presidencial de 2026, lo que llevó a consolidar varias quejas previas en un solo expediente.
En contexto: Comisión de Acusación tiene 10 procesos abiertos contra Gustavo Petro por posible participación política
Las actuaciones se tramitan en Bogotá bajo la competencia de la Comisión, único órgano habilitado para investigar al presidente de la República mientras ejerce el cargo. En ese escenario, los procesos deben seguir etapas preliminares antes de cualquier eventual traslado al Senado, instancia que tendría la última palabra en caso de una acusación formal.
El conjunto de casos se enmarca en el debate jurídico sobre los límites de la participación política de los servidores públicos en Colombia, donde la Constitución prohíbe la intervención en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto, y establece sanciones penales para quienes utilicen su cargo con fines proselitistas.
