Bogotá, 28 de mayo de 2026 – El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión que mantiene bajo reserva sumarial el informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta y negó al Ministerio de Salud el acceso al documento, cerrando la acción de tutela interpuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. La determinación de segunda instancia fue conocida el día de ayer y ratifica lo resuelto inicialmente por un juzgado penal especializado.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que avaló el fallo del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el cual había declarado improcedente la tutela presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social. El tribunal concluyó que no se acreditó la vulneración de un derecho fundamental que permitiera levantar la reserva legal que protege documentos que hacen parte de una investigación penal en curso, como es el caso de la necropsia.
Lea también: Choque entre Gustavo Petro y Medicina Legal por los datos de la necropsia de Kevin Acosta
Con esta decisión, se ratifica que el informe pericial elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permanece bajo reserva sumarial y solo puede ser conocido por las autoridades judiciales competentes. La entidad forense ha sostenido que, como auxiliar de la justicia, únicamente entrega estos documentos a la Fiscalía General de la Nación o a jueces del proceso, y no a entidades administrativas o del Ejecutivo sin orden judicial.
En el marco del proceso penal, la Fiscalía mantiene en su poder el protocolo de necropsia dentro de la investigación por la muerte de Kevin Acosta, ocurrida en febrero de 2026 tras complicaciones asociadas a su condición de hemofilia A severa. El caso sigue abierto y bajo análisis judicial, mientras se determinan eventuales responsabilidades médicas y administrativas.
El fallo también cierra, por ahora, el intento del Gobierno de acceder al documento por vía de tutela, en medio de una controversia pública entre el Ejecutivo, Medicina Legal y la Fiscalía sobre el manejo de la información. El Gobierno había argumentado la necesidad del informe para fines de política pública en salud, mientras las autoridades judiciales reiteran que la reserva sumarial es obligatoria dentro de procesos penales en curso.
