Bogotá, 28 de mayo de 2026 – La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra seis ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro y, en total, contra 142 servidores públicos por presunta participación indebida en política en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026. El anuncio fue realizado por el procurador general, Gregorio Eljach, quien señaló que los hechos investigados estarían relacionados con posibles intervenciones en campañas, pronunciamientos en redes sociales y participación en eventos de carácter político.
El Ministerio Público precisó que los procesos se encuentran en etapa preliminar y que, por ahora, no se han divulgado los nombres de los ministros involucrados. Sin embargo, confirmó que los expedientes avanzan en distintas fases disciplinarias, algunas en indagación inicial y otras próximas a decisiones de formulación de cargos.
Según la información entregada por la Procuraduría, el universo de investigados incluye además de los seis ministros a directivos de entidades, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos que habrían incurrido en conductas prohibidas por el régimen disciplinario, como el uso de recursos o plataformas institucionales para influir en la contienda electoral.
Eljach explicó que las actuaciones buscan verificar si se configuró la prohibición constitucional que impide a los servidores públicos participar en política, salvo el ejercicio del voto. En ese sentido, recordó que el control disciplinario no se dirige a la actividad electoral en sí misma, sino al eventual uso del cargo para favorecer candidaturas o movimientos políticos.
La apertura de estas indagaciones ocurre a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en medio de un ambiente de alta tensión política. De acuerdo con antecedentes citados en decisiones previas de la entidad, ya existían quejas por presunta participación en política de funcionarios del Gobierno en eventos del Pacto Histórico, así como por pronunciamientos relacionados con la consulta interna de ese movimiento.
En ese contexto, la Procuraduría había reportado meses atrás decenas de investigaciones en curso por hechos similares, cifra que ahora se amplía a 142 funcionarios bajo revisión disciplinaria. El organismo no ha publicado un listado detallado de los casos ni de las entidades involucradas.
El Gobierno no ha emitido, por el momento, un pronunciamiento oficial específico sobre este nuevo anuncio. Entretanto, las investigaciones avanzan en fase preliminar y podrían derivar en la apertura formal de procesos disciplinarios, dependiendo del análisis de las pruebas recolectadas por el ente de control.
