Bogotá, 27 de mayo de 2026 – El presidente Gustavo Petro ordenó a la Cancillería de Colombia enviar una nota formal de protesta al Gobierno de Estados Unidos por la muerte del ciudadano colombiano Brayan Rayo Garzón, quien falleció por suicidio en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Misuri. El caso ocurrió el 8 de abril de 2025, pero fue dado a conocer recientemente tras investigaciones periodísticas que han reactivado el debate sobre las condiciones en estos centros.
Rayo Garzón se encontraba bajo custodia migratoria en una instalación del condado de Phelps, a la espera de su proceso de deportación a Colombia. Había sido detenido en 2025 por autoridades estadounidenses tras ser acusado de fraude con tarjeta de crédito y permanecía en detención desde marzo de ese año.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales y medios que han revisado documentos del caso, el joven habría permanecido en aislamiento luego de presentar síntomas asociados a una enfermedad respiratoria, entre ellos fiebre alta y escalofríos. Durante ese periodo solicitó asistencia psicológica y pidió comunicarse con su madre en Colombia, solicitudes que no habrían sido atendidas de manera adecuada, según versiones citadas en la investigación.
El 8 de abril de 2025, funcionarios del centro lo encontraron inconsciente en su celda. La autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue suicidio por asfixia. El caso se enmarca en otros episodios similares documentados en centros de detención migratoria en Estados Unidos, lo que ha reabierto cuestionamientos sobre la atención en salud mental y las condiciones de reclusión.
Petro reaccionó públicamente al caso a través de su cuenta en X, donde cuestionó la política migratoria estadounidense y afirmó que la Cancillería debía elevar una protesta formal. En su pronunciamiento señaló que el joven habría solicitado comunicarse con su madre sin éxito y criticó las condiciones de los centros de detención.
La Cancillería colombiana fue instruida para tramitar la nota diplomática ante Washington, mientras que hasta el momento no se conocen pronunciamientos detallados adicionales por parte del Gobierno de Estados Unidos más allá de la confirmación del fallecimiento y la apertura de una investigación interna.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mantiene en revisión el caso dentro de sus protocolos habituales. Organismos de derechos humanos han señalado en distintas ocasiones preocupaciones por el uso del aislamiento y la atención médica en estos centros, especialmente en casos de personas en situación de vulnerabilidad psicológica.
El hecho se suma a las tensiones recientes entre Bogotá y Washington en materia migratoria y de política exterior, en un contexto de reiterados cuestionamientos del Gobierno colombiano a las condiciones de detención de sus connacionales en el exterior.
