Bogotá, 27 de mayo de 2026 – El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que el presidente Gustavo Petro esté incurriendo en participación indebida en política y afirmó que sus intervenciones públicas corresponden a análisis del contexto nacional y no a un llamado directo al voto.
Las declaraciones se producen en medio de las investigaciones preliminares abiertas por la Procuraduría General de la Nación contra el presidente y varios miembros del gabinete por presuntos pronunciamientos en escenarios oficiales que habrían favorecido al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la recta final hacia las elecciones del 31 de mayo de 2026.
Benedetti defendió la actuación del jefe de Estado y sostuvo que ni Petro ni los ministros están interviniendo en política en términos disciplinarios. Aseguró que lo expresado por el mandatario corresponde a análisis sobre la situación del país y no a la promoción de una campaña electoral específica.
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El funcionario también rechazó que exista entrega de beneficios o recursos a cambio de apoyo electoral y afirmó que las denuncias que sustentan las investigaciones no configuran, a su juicio, participación política indebida. En ese sentido, calificó como un “show” las actuaciones disciplinarias y cuestionó la interpretación de las normas que regulan la intervención de servidores públicos en procesos electorales.
Según el ministro, las restricciones en Colombia son excesivas y, en su criterio, deberían diferenciarse con mayor claridad las opiniones políticas de los actos de proselitismo. Añadió que en otros países los mandatarios pueden expresar posiciones políticas sin que ello implique sanciones disciplinarias.
Las investigaciones de la Procuraduría se centran en señalamientos de congresistas de oposición y organizaciones de vigilancia electoral, que advierten posibles intervenciones del Ejecutivo en favor de campañas específicas durante actos institucionales. Entre los funcionarios mencionados aparece el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
El debate ocurre en un contexto de alta tensión política a pocos días de la primera vuelta presidencial, marcada por cuestionamientos sobre garantías electorales y el papel de las instituciones en la contienda. Mientras el Gobierno defiende la legalidad de sus pronunciamientos, órganos de control han insistido en la necesidad de preservar la neutralidad de la función pública en campaña.
Hasta el momento, la Procuraduría no ha emitido decisiones de fondo sobre los procesos abiertos, que permanecen en etapa preliminar sin sanciones ni archivos definitivos.
