Bogotá, 26 de mayo de 2026 – La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un informe detallado sobre las denuncias presentadas contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política electoral. El requerimiento fue firmado por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco y fechado el día de ayer en Bogotá, con un plazo de tres días para entregar la información solicitada. La petición se conoce en plena recta final del calendario electoral y en medio de cuestionamientos sobre el rol del jefe de Estado en el debate político.
El oficio pide a la Comisión un reporte completo de todas las quejas radicadas contra el mandatario, incluyendo número de radicación, fecha de presentación, identificación de los denunciantes, síntesis de los hechos, etapa procesal y el nombre del congresista encargado de cada caso. El objetivo del Ministerio Público es consolidar información sobre los expedientes en curso relacionados con presunta participación política del presidente en distintos escenarios públicos y digitales.
La Procuraduría, como órgano de control disciplinario, no tiene competencia para investigar penalmente al presidente de la República, función que recae en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Sin embargo, puede solicitar información, hacer seguimiento a las actuaciones y emitir intervenciones dentro de sus competencias constitucionales, en especial cuando se trata de la conducta de servidores públicos en ejercicio.
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La Comisión de Investigación y Acusación, presidida por la representante Gloria Elena Arizabaleta Coral, es la encargada de tramitar las denuncias contra el jefe de Estado. Allí se reciben, evalúan y procesan las quejas antes de definir si avanzan a una etapa de investigación formal o si son archivadas. El requerimiento de la Procuraduría obliga a la célula legislativa a reportar el estado actualizado de los expedientes.
Entre las denuncias mencionadas en el debate público figuran las presentadas por la senadora María Fernanda Cabal, quien acusó al presidente de presunta participación en política a través de redes sociales y actos públicos, y la del concejal de Medellín Alejandro De Bedout, relacionada con un evento en La Alpujarra en 2025. También existen otras actuaciones acumuladas en la Comisión por diferentes hechos vinculados a la conducta del mandatario.
El contexto de la solicitud está marcado por llamados de distintas instituciones a preservar la neutralidad en el proceso electoral. La Defensoría del Pueblo ha instado a altos funcionarios a evitar declaraciones que puedan favorecer a candidatos, mientras persisten señalamientos de sectores políticos y órganos de control sobre la actividad pública del presidente en medio de la campaña.
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En semanas previas, la Procuraduría ya había advertido sobre el uso del poder público en el debate político y había solicitado medidas relacionadas con declaraciones del presidente sobre el proceso electoral. La nueva solicitud se suma a una serie de actuaciones del Ministerio Público en torno a la conducta del Ejecutivo en el escenario electoral y su relación con la oposición y las instituciones de control.










