Bogotá, 26 de mayo de 2026 – La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió al presidente Gustavo Petro y a altos funcionarios del Ejecutivo abstenerse de realizar declaraciones públicas que puedan favorecer al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en plena recta final hacia la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.
El pronunciamiento se realizó durante una sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento y Coordinación de los Procesos Electorales, en Bogotá, donde la entidad de control intervino para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, genera la participación de altos cargos del Estado en el debate electoral cuando puede interpretarse como apoyo a una candidatura específica.
Según la Defensoría, han llegado reportes sobre intervenciones de funcionarios del Ejecutivo, incluido el presidente Petro, que podrían percibirse como respaldo al aspirante oficialista. En ese contexto, Marín solicitó que se eviten mensajes, declaraciones o intervenciones que puedan afectar el equilibrio de la contienda o ser entendidas como respaldo institucional a una campaña.
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El llamado se fundamenta en el principio de neutralidad estatal en procesos electorales, que obliga a los servidores públicos a garantizar igualdad de condiciones entre candidatos y a no usar cargos o canales oficiales para influir en el debate político. La entidad recordó que esta obligación es especialmente estricta en la elección presidencial.
La intervención de la Defensoría se dio en el marco de la Comisión de Seguimiento Electoral, instancia que reúne a organismos de control y autoridades del Estado para monitorear el desarrollo de los comicios y prevenir riesgos que afecten la transparencia del proceso democrático.
En su exposición, Marín insistió en que la participación de funcionarios en favor de una candidatura puede generar desequilibrios en la competencia electoral y afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la imparcialidad del proceso.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial específica del presidente Gustavo Petro frente a este llamado. El Gobierno ha defendido en ocasiones anteriores el derecho del jefe de Estado a expresar opiniones políticas dentro del debate público, aunque la Defensoría insiste en la necesidad de marcar límites institucionales en campaña.
