Santiago de Chile, 25 de mayo de 2026 – El Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, concretó el tercer vuelo de deportación de migrantes desde el inicio de su administración, con la expulsión de 80 extranjeros el día de hoy desde Santiago hacia Colombia y Bolivia, en el marco del endurecimiento de su política migratoria.
Según información de la Policía de Investigaciones y del Servicio Nacional de Migraciones, la mayoría de los expulsados corresponde a ciudadanos colombianos, con 58 casos, mientras que los 22 restantes son bolivianos. Las autoridades señalaron que se trata de personas sujetas a órdenes de expulsión vigentes, dentro del llamado plan de control migratorio impulsado por el Ejecutivo.
El operativo se desarrolló en la mañana del domingo mediante un vuelo chárter que partió desde el aeropuerto de Santiago con destino a ambos países sudamericanos. De acuerdo con la PDI, 60 de las expulsiones corresponden a resoluciones judiciales por condenas previas y 20 a medidas administrativas por infracciones migratorias.
Las autoridades policiales detallaron que entre los casos judicializados figuran delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, robo con intimidación, abuso sexual y receptación de vehículos robados, lo que ha sido utilizado por el gobierno para reforzar su narrativa de seguridad y control fronterizo.
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Desde la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector Ernesto León explicó que todos los expulsados contaban con resoluciones firmes y que los procedimientos forman parte de una planificación que continuará en los próximos meses, sin entregar fechas específicas para nuevos vuelos.
El diputado oficialista Cristián Araya respaldó el operativo y afirmó que el gobierno está cumpliendo su promesa de terminar con la permisividad frente a la delincuencia asociada a la migración irregular, destacando que este es el tercer vuelo ejecutado en menos de dos meses.
Con este nuevo traslado, las autoridades chilenas elevan a cerca de 160 las personas expulsadas en tres operativos realizados desde abril, en el marco de una política migratoria más restrictiva que ha marcado el inicio del mandato de Kast.
El Ejecutivo ha defendido estas acciones como parte de su estrategia de orden público y control de fronteras, en medio de un debate regional sobre la gestión de la migración y el impacto de las redes de crimen organizado en el continente.
