Bogotá, 24 de mayo de 2026 – Daniel Quintero y el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, protagonizaron un enfrentamiento público por la salida de Salomón Figuerón del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la entidad. El choque se produjo a través de redes sociales y expuso divisiones entre sectores cercanos al Gobierno nacional.
Carrillo calificó a Quintero como “imputado” y aseguró que la desvinculación de Figuerón habría estado relacionada con decisiones influenciadas por personas cercanas al exalcalde de Medellín. Según el director de la Ungrd, detrás de la salida existirían presiones políticas en medio de disputas internas por el manejo del fondo.
Quintero rechazó las acusaciones y afirmó que no tuvo relación alguna con la salida del funcionario. También calificó los señalamientos como “ataques innecesarios” y sostuvo que incluso consideraría contratar a Figuerón. El exalcalde agregó que, si se comprueba que hubo motivaciones políticas para encubrir actos de corrupción, actuará en consecuencia.
Denuncias dentro del Fomag
La confrontación ocurre mientras crecen las denuncias sobre presuntas irregularidades en el Fomag y en la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud del magisterio. Figuerón y otros funcionarios han señalado posibles desfalcos millonarios relacionados con primas y pagos cuestionados que superarían los 250 mil millones de pesos.
El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, también denunció presiones internas y obstáculos operativos contra funcionarios que lideran procesos anticorrupción. Entre los hechos mencionados están restricciones de acceso a herramientas de trabajo y supuestos intentos de remover directivos vinculados a las denuncias.
El presidente Gustavo Petro ordenó auditorías al Fomag para revisar las denuncias y el manejo de recursos del sistema de salud de los docentes. Hasta ahora, el Gobierno no ha presentado conclusiones oficiales sobre las acusaciones.
El Fomag administra prestaciones sociales y servicios de salud para los maestros del país y maneja recursos de gran escala. La controversia se produce en medio de las reformas impulsadas por el Gobierno al modelo de salud del magisterio, que buscaban reducir la intermediación en la prestación del servicio.
