Bogotá, 24 de mayo de 2026 – El procurador general, Gregorio Eljach, lanzó una advertencia pública al presidente Gustavo Petro sobre los límites del ejercicio del poder durante el proceso electoral. Durante una entrevista, Eljach afirmó que el mandatario puede defender su gestión, pero no utilizar su investidura para favorecer intereses políticos ni afectar el equilibrio institucional.
El jefe del Ministerio Público señaló, con el diario El Tiempo, que el uso constante de redes sociales por parte de Petro tiene un impacto directo en la opinión pública y advirtió que los funcionarios públicos tienen prohibido participar en política. También recordó que la Procuraduría puede emitir advertencias preventivas y sancionar a servidores públicos que intervengan indebidamente en campañas, aunque no tenga competencia para investigar disciplinariamente al presidente.
El pronunciamiento se produjo en medio del ambiente preelectoral y coincide con la estrategia “Paz Electoral II”, impulsada para prevenir irregularidades durante las elecciones. Según Eljach, la prioridad es proteger la independencia de los órganos de control y la credibilidad del sistema democrático.
La advertencia se suma a recientes llamados de entidades como la Registraduría y la Contraloría para preservar la neutralidad institucional. Además, ocurre después de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó a Petro abstenerse de hacer afirmaciones sobre fraude electoral sin presentar pruebas.
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Eljach afirmó que, tras esa decisión judicial, se percibió un cambio en el tono del presidente. También insistió en que las normas actuales presentan vacíos frente al uso de redes sociales y calificó parte de la legislación electoral colombiana como desactualizada frente a las nuevas dinámicas digitales.
Durante el actual gobierno se han registrado tensiones entre el Ejecutivo y organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de Estado. Paralelamente, el Ministerio Público ha intensificado la vigilancia sobre funcionarios públicos y ha aplicado sanciones recientes por participación indebida en política.
El debate ocurre mientras aumenta la discusión sobre los límites de la intervención política del presidente y el impacto de su comunicación digital en el escenario electoral de cara a los próximos comicios.
