Bogotá, 22 de mayo de 2026 – El presidente, Gustavo Petro, hizo un llamado público inusual a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para que avancen en las decisiones sobre la reforma pensional y el decreto que regula el traslado de afiliados a Colpensiones, en medio de un escenario de alta tensión institucional por la aplicación del nuevo sistema de pensiones.
Las declaraciones se produjeron el día de ayer en Bogotá durante un evento con trabajadores y pensionados, donde el mandatario elevó el tono de su petición y afirmó que “le solicito, le suplico, me arrodillo” a la Corte Constitucional para que ponga en discusión la reforma pensional, que permanece en revisión judicial tras múltiples demandas y ajustes legislativos.
Petro insistió en que la demora en la definición del alto tribunal está afectando la implementación del modelo aprobado por el Congreso en 2024 y que fue convertido en la Ley 2381, cuya entrada en vigor ha estado sujeta a decisiones judiciales posteriores sobre su trámite y constitucionalidad.
En el mismo acto, el presidente dirigió un mensaje al Consejo de Estado para que proteja el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones, mecanismo clave dentro de la transición del sistema de pilares propuesto por su gobierno y que ha sido objeto de suspensiones y controversias legales.
El debate se concentra en el decreto que habilitaba la llamada “oportunidad de traslado”, el cual fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado mientras estudia su legalidad, lo que ha generado incertidumbre sobre el movimiento de ahorros pensionales de miles de afiliados.
Petro advirtió que sin decisiones definitivas de las altas cortes el sistema no puede operar bajo el diseño previsto y que esto compromete la capacidad del Estado para cumplir con el pago de futuras pensiones y la ampliación de beneficios para adultos mayores sin ingresos suficientes.
La reforma pensional establece un modelo de pilares que combina un componente solidario, uno contributivo administrado por Colpensiones y un esquema de ahorro complementario en fondos privados, pero su implementación ha quedado en suspenso por revisiones judiciales y ajustes ordenados por la Corte Constitucional.
El mandatario ha mantenido una relación tensa con las altas cortes desde la aprobación de la reforma, al considerar que los tiempos de revisión han frenado la aplicación de su política social, mientras el alto tribunal sostiene que el proceso debe cumplir estrictamente los requisitos constitucionales antes de su ejecución plena.
