Buenos Aires, 22 de mayo de 2026 – En Argentina se desató una fuerte controversia política y mediática tras la difusión de supuestos audios íntimos atribuidos al presidente Javier Milei, en los que se escucha una conversación telefónica de alto contenido personal con su exasesora de imagen Rosmery “Oscurita” Maturana. La filtración abrió un frente judicial en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se presentó una denuncia por presunta revelación de secretos vinculados a la seguridad presidencial.
Los registros comenzaron a circular en redes sociales y medios locales, luego de ser difundidos inicialmente en un programa de streaming y replicados por distintos portales argentinos. En ellos se atribuye a Milei un diálogo de tono íntimo con Maturana, con referencias personales y expresiones de confianza, en el marco de una relación que ambos han sido vinculados a nivel mediático desde hace meses.
Parte del contenido de las grabaciones también habría incluido menciones a aspectos de la custodia presidencial y a movimientos de agenda, lo que motivó la presentación judicial impulsada por el periodista Santiago Cúneo. La denuncia sostiene que la difusión de estas conversaciones podría encuadrarse en el delito de revelación de secretos políticos o de Estado, al incluir presuntos datos sensibles sobre seguridad oficial.
La figura de Rosmery Maturana, asesora de imagen y cercana al mandatario durante su etapa de campaña y gobierno, quedó nuevamente en el centro de la escena. En declaraciones a medios, defendió el carácter privado de las conversaciones y afirmó que los audios estarían siendo difundidos de forma editada y fuera de contexto, asegurando que se trata de un vínculo de confianza personal sin implicancias institucionales.
Hasta el momento, la Casa Rosada no ha emitido un comunicado oficial sobre la autenticidad de los audios ni sobre su contenido. Tampoco se han anunciado peritajes públicos que confirmen la voz atribuida al presidente. El caso quedó en manos de la justicia federal, que deberá determinar si corresponde avanzar con medidas como la verificación técnica de las grabaciones y la apertura formal de una investigación penal.
