Bogotá, 15 de mayo de 2026 – La Corte Suprema de Justicia respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este acusara al alto tribunal de dar un golpe a la reforma agraria y de impedir el avance de la adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. En un comunicado, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural negó de manera explícita estar bloqueando la política de tierras del Gobierno y aclaró que sus decisiones no cuestionan las facultades de la ANT para adjudicar baldíos.
El pronunciamiento surge tras un fallo reciente sobre competencias en la resolución de conflictos relacionados con tierras rurales, que fue interpretado por el presidente como una limitación directa a la ejecución de su reforma agraria. En un evento público en Boyacá, Petro aseguró que la Corte habría cerrado el camino para el saneamiento de predios y la determinación de si estos son baldíos o de propiedad privada, lo que desató la controversia institucional.
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La Corte sostuvo que la adjudicación de tierras por parte de la ANT no ha sido cuestionada y que no existe intención de frenar la reforma agraria. Según el tribunal, sus observaciones se concentran en la definición de competencias judiciales y administrativas, especialmente en lo relacionado con la futura jurisdicción agraria y rural.
El alto tribunal advirtió además sobre interpretaciones erróneas de sus decisiones y reiteró la necesidad de que la implementación de la jurisdicción agraria cuente con reglas claras para evitar choques entre distintas autoridades judiciales. En ese sentido, pidió precisión legislativa sobre qué asuntos corresponderán al Consejo de Estado y cuáles a la nueva estructura especializada.
La Corte también recordó que la creación de la jurisdicción agraria fue incorporada en la Constitución y que su desarrollo requiere coordinación entre las ramas del poder público. Aunque respaldó su implementación, insistió en que debe evitarse la duplicidad de funciones y posibles conflictos de competencia entre tribunales.
El pronunciamiento se da en medio de un debate más amplio sobre la reforma agraria del Gobierno Petro, que ha puesto en el centro la adjudicación de tierras y el fortalecimiento de mecanismos judiciales para resolver disputas rurales. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca acelerar el acceso a la tierra para campesinos, la Corte insiste en que su rol es garantizar seguridad jurídica y delimitación institucional en los procesos.










