Antioquia, 10 de mayo de 2026 – El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó políticamente al presidente Gustavo Petro por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, hallado muerto en zona rural de Briceño tras varios días desaparecido. Rendón afirmó que “los gestores de la paz lo asesinaron” y sostuvo que la política de Paz Total fortaleció a las estructuras criminales que operan en el norte del departamento.
Pérez, de 25 años, era director del medio comunitario El Confidente de Yarumal y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Su cuerpo fue recuperado el 8 de mayo por una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, luego de una búsqueda iniciada tras su desaparición el 5 de mayo mientras realizaba labores periodísticas en una vereda de Briceño.
El presidente Petro confirmó el homicidio en redes sociales y señaló como responsable a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Chalá, integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura surgida de la fragmentación del frente 36 de las disidencias de las Farc. El mandatario aseguró que no existe ningún proceso de negociación con esa organización y afirmó que se dedica al control de minería ilegal de oro.
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“Mateo no estaba en labores de extracción minera. Estaba tomando fotografías para su medio”, escribió Petro al rechazar el crimen y pedir avanzar en la investigación judicial.
Rendón respondió con fuertes críticas al Gobierno nacional. En su cuenta de X calificó a Chalá como “el sicario de Calarcá” y afirmó que la suspensión de órdenes de captura y la estrategia de Paz Total generaron un escenario de “intocabilidad” para mandos armados responsables de homicidios, desplazamientos y amenazas en Briceño.
El gobernador pidió reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá y Chalá y aseguró que “la paz total fracasó para los colombianos, pero triunfó para los criminales”.
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La Gobernación de Antioquia vincula a Chalá con desplazamientos masivos ocurridos en abril en Briceño, cuando cerca de 200 campesinos abandonaron sus viviendas tras audios intimidatorios atribuidos a esa estructura armada. También lo relaciona con extorsiones y amenazas en otras regiones del país.
La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó el asesinato y exigió una investigación rigurosa que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. Reporteros Sin Fronteras también alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para periodistas en el norte de Antioquia.
La Universidad Nacional lamentó la muerte de Pérez y destacó su trabajo comunitario y periodístico. Con este caso, la FLIP contabiliza 170 periodistas asesinados en Colombia por razones asociadas a su oficio desde 1977.
