Brasilia, 10 de mayo de 2026 – El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió de forma temporal la ley aprobada por el Congreso que podía reducir las penas de Jair Bolsonaro y otros condenados por la trama golpista relacionada con los ataques del 8 de enero de 2023. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien argumentó razones de “seguridad jurídica” mientras el tribunal analiza demandas que cuestionan la constitucionalidad de la norma.
La ley había sido aprobada después de que el Congreso revocara un veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El texto modificaba el cálculo de penas para delitos como tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático, lo que abría la puerta a reducciones significativas para los condenados por los hechos de Brasilia.
La suspensión frena, al menos por ahora, cualquier intento de Bolsonaro de solicitar una rebaja de condena con base en esa norma. El expresidente fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula y por su responsabilidad en la articulación que derivó en el asalto a las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el STF.
Bolsonaro cumple actualmente arresto domiciliario por razones de salud y permanece inhabilitado políticamente. Este viernes, su defensa presentó un nuevo recurso ante la Corte para intentar anular la sentencia, alegando “injusticia”.
La decisión de Moraes también impacta a otros investigados y condenados por la trama golpista, entre ellos el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general Walter Braga Netto, quienes podían beneficiarse de la nueva fórmula de cálculo de penas.
La suspensión ocurre en medio de una fuerte polarización política y a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre. Lula se perfila para buscar un nuevo mandato, mientras el bolsonarismo impulsa la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente y principal figura de la derecha pese a la condena de su padre.
El choque también profundiza la tensión entre el Congreso y el Supremo. Sectores bolsonaristas consideran que la revocatoria del veto presidencial representó una derrota política para Lula y acusan al STF de intervenir sobre decisiones del Legislativo. Desde el tribunal, en cambio, la medida es presentada como una garantía para preservar la estabilidad jurídica de las condenas relacionadas con el intento de ruptura institucional.
El pleno del STF deberá decidir ahora si mantiene o revoca la suspensión. Si la Corte declara inconstitucional la ley, quedará cerrada la posibilidad de reducir las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero. Si valida la norma, Bolsonaro y otros implicados podrían solicitar una recalibración de sus condenas.
