Bogotá, 9 de mayo de 2026 – Socorro Oliveros, esposa del fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández, denunció públicamente y ante la justicia a Carlos Fernando Cuevas Romero, fórmula vicepresidencial del candidato Santiago Botero, por una deuda superior a 354 millones de pesos que, según afirma, no ha sido pagada pese a varios acuerdos y prórrogas incumplidas.
El caso cursa actualmente en el Juzgado 10 Civil de Bucaramanga mediante un proceso ejecutivo en el que Oliveros reclama el pago del capital, los intereses pactados y los costos judiciales derivados del litigio. La empresaria sostiene que Cuevas recibió el dinero para invertir en un negocio de alimentos que prometía generar ingresos mensuales y que el préstamo fue entregado en un contexto de confianza por la participación del hoy candidato en la campaña presidencial de Hernández en 2022.

Según Oliveros, durante un tiempo Cuevas cumplió con el pago de intereses, pero no devolvió el capital cuando venció el plazo acordado. Afirma además que el candidato vicepresidencial aplazó al menos cinco veces la fecha de pago, siendo la última el pasado 30 de abril, sin cumplir el compromiso.
La viuda de Hernández decidió hacer pública la demanda después de que Cuevas fuera presentado como compañero de fórmula de Santiago Botero. “Me siento estafada”, aseguró Oliveros, quien también calificó al candidato como“embaucador, mentiroso y mala paga”.

Oliveros cuestionó que alguien con un proceso judicial por una deuda privada aspire a ocupar la Vicepresidencia y participar en decisiones económicas del país. También afirmó que informó directamente a Botero sobre el caso antes de hacerlo público.
La empresaria aseguró que dentro del proceso judicial ya se habrían decretado embargos sobre cuentas bancarias de Cuevas, aunque sostiene que no se han encontrado bienes registrados a su nombre. Según su versión, esto ha dificultado la recuperación del dinero.
El caso abrió un nuevo foco de presión sobre la campaña de Santiago Botero, que ha construido parte de su discurso alrededor de propuestas económicas y de gestión financiera. Oliveros cuestionó la coherencia entre ese mensaje y la situación judicial de quien aspira a la Vicepresidencia.
Hasta ahora, Cuevas no ha respondido públicamente a las acusaciones de Oliveros ni se conoce una posición oficial de la campaña Botero-Cuevas sobre el proceso civil en Bucaramanga.
La controversia también reactivó el debate sobre los filtros y antecedentes que deberían revisarse en las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales, especialmente cuando existen procesos judiciales relacionados con obligaciones económicas privadas.









