Bogotá, 9 de mayo de 2026 – La senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro y a la política de “paz total” por el asesinato del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue recuperado el 8 de mayo en zona rural de Briceño, Antioquia, tras una mediación humanitaria con grupos armados ilegales que operan en el norte del departamento.
Pérez, de 26 años, era estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y dirigía el medio regional El Confidente en Yarumal. El periodista había desaparecido el 5 de mayo mientras realizaba trabajo periodístico en jurisdicción de Briceño, una zona con fuerte presencia del frente 36 de las disidencias de las FARC, liderado por alias «Calarcá«.
La recuperación del cuerpo fue posible gracias a una comisión integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica, que negociaron el ingreso al territorio controlado por estructuras armadas ilegales.
Tras conocerse el hallazgo, Cabal publicó un mensaje en el que calificó el crimen como «otro asesinato producto de la paz total» y cuestionó que el Gobierno suspendiera órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, solicitado en extradición por Estados Unidos.
En contexto: Gobierno suspendió órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo
La congresista vinculó de forma directa el asesinato del periodista con la estrategia de diálogos y acercamientos impulsada por el Gobierno Petro con grupos armados ilegales. Según Cabal, esas medidas han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a las estructuras criminales en regiones como el norte de Antioquia.
En paralelo, la Universidad Nacional, sede Medellín, rechazó el asesinato de Pérez Rueda y expresó solidaridad con su familia y allegados. En un comunicado, la institución pidió garantías para el ejercicio del periodismo, respeto por los derechos humanos y protección para las comunidades afectadas por el conflicto armado.
El caso generó actos de solidaridad en Yarumal y reavivó la discusión política sobre los efectos de la política de paz total en territorios donde operan disidencias de las FARC y estructuras como el Clan del Golfo. Mientras sectores de oposición señalan que los alivios jurídicos y diálogos fortalecen a los grupos armados, el Gobierno ha defendido esa estrategia como una vía para reducir la violencia y avanzar en negociaciones de paz.
