Bogotá, 9 de mayo de 2026 – Las disidencias de las antiguas FARC bajo el mando de alias “Calarcá” aseguraron que no autorizaron el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido esta semana en zona rural de Briceño, Antioquia, y afirmaron que, si integrantes del frente 36 participaron en el crimen, actuaron “a título personal, sin autorización, sin consultar”.
El pronunciamiento fue difundido después de que autoridades regionales, organizaciones de prensa y testimonios de habitantes de la zona señalaran al frente 36, también conocido como frente Darío Gutiérrez, como responsable de interceptar, retener y asesinar al reportero mientras realizaba labores periodísticas en la vereda Palmichal.
Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, desapareció el martes 5 de mayo cuando cubría la situación de orden público en Briceño, municipio afectado por enfrentamientos entre las disidencias y el Ejército. Durante varios días, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa alertaron sobre su desaparición y pidieron una búsqueda urgente.
El viernes 8 de mayo, una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo recuperó el cuerpo del periodista en una zona boscosa entre las veredas Palmichal y El Hoyo. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal en Medellín para la necropsia.
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Según versiones recogidas por medios regionales y organizaciones de prensa, Pérez habría sido retenido por hombres armados del frente 36, interrogado y posteriormente asesinado en presencia de algunos habitantes rurales. Las condiciones de seguridad y el control armado en la zona impidieron el ingreso inmediato de las autoridades.
En el comunicado, el llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes insistió en que “las misiones médicas, humanitarias y los periodistas no son objetivos militares” de sus estructuras y anunció una investigación interna para establecer responsabilidades. Sin embargo, el mismo texto admite la posibilidad de que integrantes del frente 36 hayan participado en el homicidio.
La Fundación para la Libertad de Prensa confirmó el asesinato y lo calificó como un ataque directo contra la libertad de información. La organización recordó que Pérez había denunciado presiones, tutelas y procesos judiciales promovidos por actores políticos locales debido a sus publicaciones sobre corrupción y orden público en el norte de Antioquia.
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Hasta ahora, ni la Fiscalía ni el Gobierno nacional se han pronunciado sobre la versión entregada por la estructura de “Calarcá”. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman garantías de seguridad para periodistas que cubren el conflicto armado en regiones bajo control de grupos ilegales.
