Bogotá, 8 de mayo de 2026 – El candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó que, si llega a la Presidencia, firmaría la extradición del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos en caso de que exista una solicitud formal. La declaración fue entregada en entrevista en medios televisivos, en medio del ambiente de campaña rumbo a las elecciones del 31 de mayo.
De la Espriella respondió de forma categórica cuando se le preguntó por esa posibilidad y aseguró que actuaría dentro del marco institucional colombiano. En su intervención señaló que, de presentarse los requisitos legales, no tendría reparos en proceder. En ese contexto agregó que incluso “él mismo lo llevaría” a territorio estadounidense, frase que marcó el tono de sus declaraciones.
El pronunciamiento se produjo en un momento de alta tensión electoral, donde varios aspirantes han elevado el nivel de sus confrontaciones públicas. La mención directa a un escenario de extradición del jefe de Estado generó atención inmediata en el debate político por su alcance simbólico y por involucrar una figura en ejercicio de la Presidencia.
Lea también: “Es un horror que no vamos a tolerar”: De la Espriella a Petro tras anunciar la fecha de la Constituyente
El sistema de extradición en Colombia establece que, ante una solicitud formal de otro país, la Corte Suprema de Justicia emite un concepto jurídico previo. Posteriormente, la decisión final recae en el presidente de la República, quien puede firmar o negar la entrega del solicitado.
En su intervención, De la Espriella insistió en que su eventual actuación se ajustaría a ese procedimiento. Su argumento se basa en la aplicación estricta del marco legal vigente y en la obligación institucional de responder a requerimientos de cooperación judicial internacional cuando estos cumplen los requisitos establecidos.
Actualmente no existe una solicitud formal de extradición contra Petro por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en el debate público se han mencionado de manera recurrente supuestas investigaciones preliminares en ese país, sin que hasta ahora se haya iniciado un proceso judicial que derive en una petición oficial.
Las declaraciones del candidato también se insertan en una estrategia de campaña centrada en el discurso de orden, legalidad y lucha contra la impunidad, con énfasis en posiciones de mano dura frente a la criminalidad y los procesos judiciales.
En el plano político, el comentario generó reacciones por el nivel de confrontación directa con el jefe de Estado. El episodio ocurre a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, en un contexto de polarización creciente entre las distintas candidaturas.
El caso también reabre el debate sobre el uso de figuras jurídicas como la extradición dentro del discurso electoral, especialmente cuando se plantean escenarios hipotéticos que dependen de condiciones legales que aún no existen en la práctica.
