Bogotá, 8 de mayo de 2026 – El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, defendió la decisión del Gobierno de suspender temporalmente las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias ‘Chiquito Malo’, solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Patiño aseguró que la medida hace parte de las facultades constitucionales del presidente Gustavo Petro dentro de la política de paz total y afirmó que “la voz de EE. UU. no puede estar por encima de la soberanía nacional ni de los intereses de la paz”.
La suspensión de capturas busca facilitar el traslado de los integrantes del grupo armado hacia Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó como parte de los acercamientos sociojurídicos impulsados por el Gobierno. Según el Ejecutivo, la medida tiene un alcance limitado y solo aplica para los desplazamientos definidos dentro de ese proceso.
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Patiño insistió en que la decisión no implica un cese de operaciones militares o policiales contra el Clan del Golfo. Señaló que la Fuerza Pública puede actuar si los integrantes continúan delinquiendo y recordó que los beneficiados siguen obligados a responder ante la justicia colombiana.
El comisionado reconoció diferencias con la Fiscalía General sobre el alcance de este tipo de medidas, aunque sostuvo que la conducción de la política de paz corresponde al presidente de la República. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha manifestado reparos en ocasiones anteriores frente a las suspensiones de captura dentro de procesos de paz total.
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La inclusión de alias ‘Chiquito Malo’ entre los beneficiados aumentó la controversia política y judicial. Sectores de oposición cuestionaron que un jefe criminal requerido por Estados Unidos reciba alivios judiciales en medio de un proceso de negociación con el Gobierno.
La senadora Paloma Valencia criticó la medida y aseguró que puede afectar la transparencia electoral y la seguridad en distintas regiones del país.
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El Gobierno ya había expedido una resolución similar en diciembre de 2025 para permitir el traslado de integrantes del Clan del Golfo a zonas de ubicación temporal. Sin embargo, esa suspensión fue revocada en marzo de 2026 después de que el proceso no avanzara dentro de los plazos previstos.
La nueva decisión reactivó el debate sobre los límites de la paz total, el alcance de las facultades del Ejecutivo para suspender órdenes de captura y el equilibrio entre la soberanía colombiana y las solicitudes de extradición de Washington.
