Bogotá, 7 de mayo de 2026 – El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, reveló que la Procuraduría adelanta 89 investigaciones disciplinarias por presunta participación indebida en política en el marco de las elecciones de 2026 y confirmó que varios ministros del gobierno de Gustavo Petro aparecen vinculados a algunos de esos procesos.
En declaraciones a Caracol Radio y otros medios, Eljach aseguró que cuatro expedientes están próximos a la formulación de pliego de cargos y señaló que en esas actuaciones “hay ministros”, además de funcionarios de niveles departamental y municipal. Aunque evitó revelar nombres, explicó que la reserva legal de las investigaciones obliga a mantener en confidencialidad la identidad de los involucrados mientras avanzan las indagaciones.
El jefe del Ministerio Público indicó que las investigaciones abarcan presuntos actos de proselitismo a favor de campañas presidenciales, participación de funcionarios en eventos políticos, uso de recursos públicos con fines electorales e intervención en actividades partidistas durante el proceso electoral de 2026.
Eljach también afirmó que uno de los ministros investigados tiene varios procesos abiertos y advirtió que la Procuraduría busca acelerar las decisiones disciplinarias. “La aspiración es que eso sea rápido y que Colombia se entere de esos resultados”, dijo el procurador durante una entrevista en La Luciérnaga.
La Procuraduría informó que algunos expedientes ya derivaron en medidas cautelares, incluida la suspensión de un alcalde por presunta participación indebida en política. El organismo mantiene un grupo especial de seguimiento electoral y desplegó procuradores territoriales para vigilar el comportamiento de servidores públicos durante la campaña presidencial.
Las investigaciones se suman a otros procesos abiertos contra miembros del gabinete de Petro. Entre ellos aparece una actuación disciplinaria contra 18 ministros por la firma de un decreto de 2025 relacionado con una consulta popular y otra indagación preliminar sobre una reunión de funcionarios de la Cancillería en Madrid en la que, según denuncias, se habrían discutido asuntos electorales.
La Procuraduría recordó que la Constitución y las normas electorales prohíben a ministros, gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos intervenir en campañas, utilizar bienes estatales con fines proselitistas o favorecer candidaturas desde sus cargos.
Desde febrero, el número de investigaciones por posible participación política de funcionarios pasó de 38 a 89 casos. El incremento coincide con el avance de la campaña presidencial y legislativa de 2026, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo.
