Bogotá, 7 de mayo de 2026 – La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación penal contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por los contratos para la construcción y dotación de dos CAI de la Policía en Rionegro durante su alcaldía entre 2016 y 2019. El ente acusador concluyó que no encontró pruebas suficientes para imputar delitos relacionados con contratación irregular ni peculado por apropiación.
La decisión fue tomada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema, que revisó tres contratos relacionados con los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. La investigación buscaba establecer si se incumplieron requisitos legales esenciales en la contratación pública o si existió un manejo indebido de recursos públicos.
Según las conclusiones de la Fiscalía, no se acreditó un detrimento patrimonial ni una apropiación irregular de dineros del Estado. Además, el despacho determinó que Rendón implementó mecanismos de supervisión y control sobre la ejecución de las obras y que la infraestructura fue entregada y puesta en funcionamiento conforme a lo contratado.
El archivo de la investigación penal coincide con una decisión previa de la Contraloría General de la República, que en enero de 2026 cerró el proceso de responsabilidad fiscal por el mismo caso. En ese momento, el organismo concluyó que no existía un daño cierto y cuantificable al patrimonio público y sostuvo que las obras guardaban coherencia técnica y arquitectónica con los diseños aprobados.
En contexto: Contraloría imputa cargos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón
Con ambas decisiones, no quedan procesos abiertos en contra de Rendón por la construcción de los dos CAI en Rionegro, según la información conocida hasta ahora.
El caso generó reacciones entre aliados políticos del gobernador. El representante a la Cámara Esteban Quintero aseguró en su cuenta de X que la decisión demuestra que Rendón “actúa con legalidad y transparencia”. Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, afirmó que el archivo ratifica que la actuación del hoy gobernador estuvo ajustada a la ley.
Los contratos investigados fueron firmados durante la administración de Rendón en Rionegro con el objetivo de fortalecer la presencia de la Policía Nacional en sectores estratégicos del municipio. Las indagaciones de la Fiscalía y la Contraloría se concentraron en verificar si la contratación cumplió las normas legales y si la ejecución de las obras correspondió a los recursos invertidos.
Hasta el momento no se conocen pronunciamientos de sectores opositores frente al archivo del proceso ni anuncios de recursos contra la decisión de la Fiscalía.
