Bogotá, 6 de mayo de 2026 – La Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General exigieron la liberación inmediata e incondicional de cuatro funcionarios del Estado secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca, luego de que esa guerrilla anunciara la realización de llamados “juicios revolucionarios” y la prolongación del cautiverio por varios años bajo la figura de “prisión revolucionaria”. Las autoridades calificaron esa decisión como ilegal, contraria al Derecho Internacional Humanitario y una vulneración directa de la libertad personal de los retenidos.
El Frente de Guerra Oriental del ELN informó en un comunicado que sometió a los dos agentes del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los policías de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, a un supuesto proceso interno que denomina “juicio revolucionario”. Según la guerrilla, los funcionarios habrían sido responsables de espionaje y otras acciones contra la organización, acusaciones que no han sido respaldadas por autoridad judicial alguna.
En su pronunciamiento, el ELN aseguró haber dictado “sentencias” que extienden el secuestro de los agentes del CTI hasta por 60 meses y el de los policías por periodos de entre 32 y 36 meses adicionales. Estas decisiones implican, en la práctica, la continuidad del cautiverio bajo una figura que el grupo armado presenta como sanción, pero que no tiene reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano ni en el Derecho Internacional Humanitario.
En contexto: El ELN prolongará el secuestro de agentes del CTI y policías por hasta 60 meses más
Las víctimas fueron secuestradas en dos hechos ocurridos en 2025 en el departamento de Arauca. Los agentes del CTI fueron retenidos el 8 de mayo en el municipio de Fortul, mientras los policías de la Dijín fueron capturados el 20 de julio en la vía entre Tame y Arauca. Desde entonces permanecen en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura señalada de operar en esa región fronteriza.
Tras conocerse el anuncio, las principales instituciones judiciales del país rechazaron de manera unificada la decisión del grupo armado. En un comunicado conjunto, la Fiscalía y la Corte Suprema reiteraron que la administración de justicia en Colombia es competencia exclusiva del Estado y que ningún actor armado puede sustituirla mediante procedimientos paralelos. La Procuraduría, por su parte, calificó el secuestro como un delito que atenta contra la dignidad humana y exigió el respeto por la vida y la libertad de los funcionarios.
La Defensoría del Pueblo también se sumó a las voces de rechazo y recordó que la toma de rehenes está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario. Organismos internacionales como la ONU y la Misión de Verificación en Colombia han sido llamados a acompañar las gestiones para la liberación, en medio de un contexto de persistencia del conflicto armado en la región.
El Gobierno nacional y la mesa de diálogos con el ELN han reiterado que la liberación de personas secuestradas es un requisito mínimo dentro de cualquier proceso de negociación, mientras continúan las tensiones por el cumplimiento de compromisos humanitarios por parte del grupo armado.
