Bogotá, 6 de mayo de 2026 – La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó de manera categórica el llamado “juicio revolucionario” anunciado por el ELN contra cuatro funcionarios del Estado secuestrados en Arauca y exigió su liberación inmediata e incondicional, al advertir que ningún grupo armado tiene facultades para imponer condenas ni prolongar cautiverios bajo esa figura.
El pronunciamiento surge tras la difusión de un comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN en el que la organización afirmó haber sometido a dos agentes del CTI de la Fiscalía y a dos policías de la Dijín a un supuesto proceso interno, en el que les impuso penas de hasta 60 meses de “prisión revolucionaria”, una denominación que en la práctica equivale a extender su secuestro.
Según lo divulgado por la estructura armada, los investigadores Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en mayo de 2025 en zona rural de Fortul, fueron “condenados” a 60 y 55 meses de cautiverio respectivamente. A su vez, los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, retenidos en julio del mismo año en la vía entre Tame y Arauca, recibieron una “pena” de 36 meses.
En contexto: El ELN prolongará el secuestro de agentes del CTI y policías por hasta 60 meses más
El ELN justificó estas decisiones en acusaciones contra los funcionarios, a quienes señala de presuntas acciones contra comunidades y de pertenecer a estructuras estatales que considera enemigas. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas por autoridades judiciales colombianas.
La Defensoría del Pueblo advirtió que este tipo de procedimientos no tienen ningún sustento en el ordenamiento jurídico colombiano ni en el Derecho Internacional Humanitario, y reiteró que las víctimas deben ser tratadas como civiles protegidos, pese a desempeñar funciones en organismos de investigación y seguridad del Estado.
En su pronunciamiento, Iris Marín sostuvo que la privación de la libertad de estas personas constituye un secuestro prolongado y que la denominación de “juicio” no altera su carácter ilegal. También señaló que los hechos agravan la vulneración de derechos de las víctimas y sus familias, que llevan cerca de un año sin contacto regular con ellos.
El llamado de la Defensoría se dirige además al Gobierno nacional para reforzar las gestiones humanitarias que permitan su liberación, en medio de un contexto en el que los diálogos con el ELN han enfrentado tensiones por la persistencia del secuestro como práctica.
Los cuatro funcionarios fueron retenidos en dos hechos distintos durante 2025 en el departamento de Arauca y permanecen en poder de la guerrilla desde entonces, sin una ruta clara de liberación hasta el momento.
