Bogotá, 6 de mayo de 2026 – El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que aplicó un “juicio revolucionario” contra cuatro funcionarios del Estado secuestrados en Arauca desde 2025 y los condenó a penas de hasta 60 meses de “prisión revolucionaria”, lo que implica extender su cautiverio por varios años más mientras insiste en un canje de prisioneros con el Gobierno.
Los afectados son los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y los integrantes de la Dijín de la Policía, el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza. Los dos primeros fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en la vía hacia Fortul, mientras que los uniformados fueron retenidos el 20 de julio del mismo año en la carretera entre Tame y Arauca.
Según el comunicado difundido por la guerrilla, Pacheco fue “sentenciado” a 60 meses de “prisión revolucionaria” y López a 55 meses, mientras que los policías recibieron penas de hasta 36 meses. El ELN aseguró que estos plazos incluyen el tiempo que ya han permanecido en cautiverio, por lo que, sin un acuerdo, seguirían retenidos por varios años.
El grupo armado sostiene que los funcionarios son “prisioneros de guerra” y que el proceso se realizó bajo su normativa interna. También indicó que durante ese periodo podrán mantener comunicación con sus familias, en un intento de presentar la medida como una forma de detención con reglas propias. Sin embargo, autoridades y organismos de derechos humanos han reiterado que se trata de secuestros prolongados sin validez jurídica.
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La decisión se produce meses después de que el ELN anunciara, en octubre de 2025, que sometería a los cuatro funcionarios a un “juicio revolucionario”, tras afirmar que no obtuvo respuesta del Gobierno a su propuesta de canje de prisioneros. Ahora, el grupo asegura que agotó las vías de diálogo y justifica la medida como consecuencia de esa falta de acuerdos.
Desde el Estado, las reacciones han sido de rechazo. La Defensoría del Pueblo advirtió que ninguna figura interna puede legitimar la privación de la libertad y calificó el hecho como una violación del derecho internacional humanitario. En la misma línea, el Ministerio de Defensa señaló que no reconoce ninguna justificación para este tipo de prácticas y exigió la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados.
El caso ocurre en medio de tensiones en los diálogos de paz con el ELN, donde el secuestro sigue siendo uno de los principales puntos de fricción. La prolongación del cautiverio bajo la figura de “prisión revolucionaria” refuerza las críticas sobre el uso de retenidos como mecanismo de presión en una eventual negociación.
