Buenos Aires, 5 de mayo de 2026 – Medios de la región señalan que el presidente argentino Javier Milei habría aportado cerca de 350.000 dólares para financiar una red de desinformación dirigida contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Gustavo Petro. La operación, según estas versiones, habría sido coordinada con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y ejecutada desde Estados Unidos mediante estructuras digitales y mediáticas.
El caso fue expuesto a partir de una investigación difundida por Diario Red América Latina, que recoge audios y registros de chats atribuidos a Juan Orlando Hernández. En esos materiales, se describe la creación de una supuesta célula de comunicación política presentada como un portal de noticias latinoamericanas, pero orientada a difundir contenidos contra los gobiernos de México y Colombia. En los mismos registros se menciona el supuesto aporte de Milei y la participación de otros financiadores no identificados.

De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, Hernández habría detallado un esquema para instalar una plataforma digital con apariencia informativa, pero destinada a amplificar narrativas críticas y contenidos desinformativos. La estructura, según los audios citados, operaría desde Estados Unidos para evitar rastreos directos en Honduras y facilitar la coordinación con actores políticos y comunicacionales de distintos países.
En esa trama, Javier Milei aparece señalado como uno de los principales aportantes económicos, con un desembolso inicial de 350.000 dólares para el montaje de la operación. Juan Orlando Hernández es descrito como el articulador político encargado de conectar financistas, asesores y estrategias de difusión digital orientadas a objetivos específicos en la región.
Los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro figuran como los principales blancos de la supuesta campaña. Según los reportes, la red tendría como propósito erosionar su imagen pública mediante piezas de desinformación, campañas en redes sociales y la circulación de contenidos en portales que simularían ser medios de comunicación independientes.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales amplios de los gobiernos mencionados ni de la administración argentina sobre las acusaciones difundidas en estas publicaciones. Tampoco se reporta la apertura de investigaciones judiciales formales en los países involucrados, por lo que el caso permanece en el terreno del periodismo de investigación y el debate político regional.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de denuncias sobre campañas digitales coordinadas en América Latina, donde distintos gobiernos han alertado sobre operaciones de desinformación transnacional en periodos de alta polarización política. Las acusaciones actuales reavivan ese debate al incorporar la presunta participación de un jefe de Estado en funciones en el financiamiento de una estructura de este tipo.









