Bogotá/Madrid, 5 de mayo de 2026 – La firma española GAD3 anunció que dejará de publicar encuestas electorales en Colombia al considerar que la nueva regulación del Consejo Nacional Electoral vuelve inviable su trabajo. La decisión fue comunicada el día ayer, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, y se basa en la interpretación que la autoridad electoral hace de la Ley 2494 de 2025 y su reglamentación reciente.
En un comunicado, la encuestadora señaló que las condiciones fijadas por la Comisión Técnica del CNE impiden garantizar “las condiciones mínimas de rigor y viabilidad operativa” en estudios de intención de voto. La empresa afirmó que prefiere suspender esta actividad antes que comprometer su reputación, la de su cliente RCN y la del propio organismo electoral.
El punto central de la controversia es una exigencia metodológica que obliga a demostrar que cualquier ciudadano tenía una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado en la muestra. GAD3 sostiene que esta condición es imposible de cumplir en la práctica, especialmente en estudios sobre decisiones individuales como el voto, y que ninguna metodología realista puede garantizar ese nivel de precisión.
Según la firma, la interpretación del CNE limitaría la validez de las encuestas a ejercicios presenciales domiciliarios con muestreo probabilístico puro, dejando por fuera métodos como encuestas telefónicas, paneles en línea y diseños mixtos. La empresa argumenta que estos métodos son ampliamente utilizados a nivel internacional y, en contextos como el colombiano, pueden ofrecer incluso mayores garantías de respuesta libre por parte de los ciudadanos.
La reglamentación vigente también impone requisitos estrictos como márgenes de error máximos de 3% para mediciones nacionales y 5% para regionales, niveles de confianza del 95%, registro obligatorio de firmas, entrega de bases de datos auditables y fichas técnicas detalladas. Además, faculta al CNE para revisar la calidad de las muestras y sancionar incumplimientos.
GAD3 advirtió que, bajo estos criterios, incluso estudios de referencia internacional y algunas operaciones estadísticas oficiales no cumplirían los estándares exigidos. La firma cuestiona que el modelo adoptado no se ajuste a prácticas comunes en otras democracias y rechaza la idea de que el país no pueda aplicar metodologías comparables.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, indicó que evaluará el impacto de la decisión en sala plena, aunque ha defendido la normativa como un mecanismo para fortalecer la transparencia y evitar irregularidades en la difusión de encuestas. La ley fue aprobada en 2025 en medio de cuestionamientos sobre la calidad y el sesgo de algunos sondeos.
La salida de GAD3 ocurre en un momento clave del calendario electoral y reduce la oferta de mediciones disponibles para el público. El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre control institucional y viabilidad técnica en la producción de encuestas, en un escenario donde estos estudios siguen siendo una referencia central del debate político.












