Bogotá, 27 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro aseguró en una reciente alocución que en Colombia no existe un caos de seguridad y defendió que los niveles de homicidios registrados durante su gobierno son similares a los de las administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque, e incluso de los más bajos desde 1993. Sus declaraciones se dieron en medio de una nueva ola de hechos violentos en distintas regiones del país, especialmente en el suroccidente, lo que reavivó el debate sobre la situación del orden público.
El mandatario afirmó en intervenciones públicas y en un Consejo de Ministros que las cifras de homicidios se mantienen estables en comparación con los gobiernos anteriores y que no se observa un deterioro estructural de la seguridad. También insistió en que los indicadores actuales reflejan una continuidad histórica más que un incremento generalizado de la violencia.
Sin embargo, informes académicos y periodísticos citados en el debate público señalan un panorama distinto. Un análisis del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, divulgado a través de medios nacionales, registra 40.663 homicidios entre agosto de 2022 y agosto de 2025, cifra que supera el periodo equivalente del gobierno de Iván Duque en aproximadamente un 7,6%. Estos datos han sido usados para cuestionar la afirmación presidencial sobre la estabilidad de los indicadores.

Las discusiones también se han intensificado por el aumento de hechos violentos recientes en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde se han reportado atentados y confrontaciones atribuidas a grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico. En este contexto, el presidente ha reiterado que el principal motor de la violencia actual está asociado a economías ilícitas como el narcotráfico y la extracción ilegal de oro.
Petro ha sostenido además que estas organizaciones criminales buscan influir en la situación de seguridad e incluso desestabilizar el proceso electoral, lo que, según su visión, explica parte de los episodios recientes de violencia. También ha señalado comparaciones con otros países de la región para reforzar su argumento sobre el comportamiento de los indicadores.
En contraste, sectores académicos y de oposición insisten en que el aumento acumulado de homicidios en los primeros años del actual gobierno, sumado a la persistencia de eventos violentos en zonas rurales y urbanas, evidencia un deterioro que no se refleja completamente en los análisis parciales presentados por el Ejecutivo.
El debate sobre la seguridad en Colombia se mantiene abierto, con interpretaciones divergentes entre las cifras oficiales, los estudios independientes y la percepción ciudadana en medio de un contexto de alta sensibilidad por la situación de orden público en el país.









