Bogotá, 28 de abril de 2026 – Sergio Fajardo arremetió contra Juliana Guerrero por mantenerse como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, pese a denuncias sobre la validez de sus títulos y señalamientos de presuntos vínculos con el ELN. El candidato calificó la situación como “una burla a la universidad, a los estudiantes y a la educación”, en un video difundido en redes.
El pronunciamiento se produce después de que Guerrero asistiera a la posesión del rector Guillermo Echevarría en Valledupar, donde fue presentada como “doctora” y designada del presidente. Durante el acto, respondió “presente”, lo que reactivó cuestionamientos sobre su continuidad en ese rol, aun cuando enfrenta investigaciones por posibles irregularidades en sus credenciales académicas y ya no ocupa cargos formales en el Gobierno.
Fajardo citó denuncias de la representante Jennifer Pedraza, quien ha señalado que el título de pregrado de Guerrero sería falso, y de Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo Adaptación, quien aseguró que la funcionaria se ufanaba de tener vínculos con el ELN. En su mensaje, el exgobernador insistió en que mantenerla como delegada representa “una cachetada a la educación”.
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Las críticas también han venido desde la oposición. Daniel Briceño cuestionó que Guerrero sea tratada como “doctora” en actos oficiales y calificó como una “vergüenza” su presencia en la universidad. Además, puso el foco en su esquema de protección, que incluiría hasta tres vehículos blindados y nueve escoltas financiados con recursos públicos.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explicó que ese esquema fue aprobado el 6 de marzo de 2025, cuando Guerrero asumió funciones en el Ministerio del Interior como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete y secretaria ejecutiva del despacho. Aunque esos cargos ya no están vigentes, la protección se ha mantenido, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de recursos estatales.
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El caso se ha convertido en un punto de choque político en torno a la meritocracia y la idoneidad en cargos públicos, especialmente en espacios de educación superior. La permanencia de Guerrero en el Consejo Superior de la universidad, en medio de cuestionamientos, ha sido interpretada por críticos como un símbolo de fallas en los controles sobre nombramientos y verificación de hojas de vida.
Mientras no haya una decisión oficial sobre su continuidad o resultados concluyentes de las investigaciones, la controversia sigue creciendo y se proyecta como un tema de debate en la campaña presidencial, donde distintos sectores buscan capitalizar el caso como ejemplo de sus posturas frente a la transparencia y el manejo de lo público.









