Bogotá, 24 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente nacional de Salud mediante el Decreto 433, firmado junto al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La decisión pone fin al encargo de Jaime Hernán Urrego tras la salida de Bernardo Camacho, en medio de tensiones por la liquidación de EPS y el traslado de usuarios a la Nueva EPS. Quintero ya asumió funciones en un contexto de fuerte controversia política y técnica por su llegada al cargo.
Desde que su hoja de vida fue publicada el 15 de abril, gremios médicos, asociaciones del sector y dirigentes de oposición cuestionaron su idoneidad al señalar que no tiene experiencia en regulación sanitaria ni en gestión del sistema de salud. La senadora Paloma Valencia afirmó que el Gobierno estaría entregándole influencia sobre la Nueva EPS y recordó que varios exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín enfrentan investigaciones por corrupción.
En contexto: «Una vergüenza»: Paloma Valencia sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud
Las críticas no provienen solo de la oposición. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, marcó distancia al referirse a Quintero como un oportunista y mencionar un rechazo ciudadano amplio a su designación. Sus declaraciones evidencian tensiones dentro del propio bloque oficialista frente a un nombramiento que no logró respaldo unánime.

La llegada de Quintero ocurre en un momento crítico para el sistema de salud. Informes recientes advierten pérdidas acumuladas, más de 25 millones de afiliados en EPS intervenidas o en proceso de liquidación y un aumento sostenido de tutelas y quejas. Los tiempos de espera también reflejan el deterioro, con demoras de hasta 135 días para la entrega de medicamentos y cerca de tres meses para acceder a especialistas.
Lea también: Nombramiento de Quintero en SuperSalud desata choque entre Petro y Gaviria
El nuevo superintendente tendrá bajo su responsabilidad decisiones clave sobre vigilancia, intervención y el futuro de entidades como la Nueva EPS, que sigue bajo observación por su tamaño y papel en la reorganización del sistema. Su margen de acción será limitado, con cerca de cuatro meses antes del fin del gobierno el 7 de agosto.
Quintero, ingeniero electrónico y exalcalde de Medellín entre 2020 y 2023, llega con un perfil político marcado por confrontaciones y controversias. Su administración fue objeto de cuestionamientos por contratación y enfrenta un proceso penal por el caso Aguas Vivas, en el que la Fiscalía le imputó delitos como peculado, prevaricato e interés indebido en contratos.
El nombramiento se produce tras un periodo de inestabilidad en la Superintendencia, que ha ganado protagonismo en medio de la crisis del sistema. La salida de Camacho, el encargo de Urrego y ahora la llegada de Quintero reflejan la presión sobre la entidad encargada de vigilar y eventualmente intervenir a EPS e IPS.
Lea también: Comisión de Acusación remite a la Fiscalía la investigación previa contra Jaramillo por nombramiento en Supersalud
En este escenario, el Gobierno parece apostar por un perfil político alineado con su agenda para ejecutar cambios desde la supervisión del sistema, luego de los obstáculos enfrentados por la reforma de salud en el Congreso. Sin embargo, la oposición y sectores del gremio insisten en que se trata de un nombramiento sin sustento técnico y advierten sobre riesgos de politización en una entidad clave.
A corto plazo, se prevé que el nombramiento intensifique el debate público y dé lugar a acciones jurídicas que busquen revisar su designación. Al mismo tiempo, Quintero enfrentará la presión de mostrar resultados rápidos en medio de una crisis estructural, con decisiones que podrían tener efectos duraderos en el funcionamiento del sistema de salud.











