Nueva York, 25 de abril de 2026 – Estados Unidos modificó su régimen de sanciones contra Venezuela para permitir que el Gobierno venezolano pague los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York. La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que emitió licencias enmendadas con condiciones específicas sobre el origen y la temporalidad de los recursos.
Las nuevas autorizaciones permiten que los pagos se hagan únicamente con fondos disponibles para el Estado venezolano después del 5 de marzo de 2026 y prohíben el uso de depósitos provenientes de gobiernos extranjeros. Con este ajuste, la defensa, liderada por el abogado Barry Pollack, podrá recibir financiamiento formal tras haber denunciado que las sanciones impedían garantizar el derecho a elegir representación legal.

El giro implica una modificación en la postura previa del Departamento de Justicia y de la administración de Donald Trump, que había bloqueado el acceso a esos recursos por razones de seguridad nacional y política exterior. La defensa había advertido que esa restricción vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense y llegó a plantear la posible desestimación del caso.
Lea también: Maduro enfrenta el juicio sin poder costear su abogado
El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ya había expresado dudas sobre la posición de la Fiscalía. En audiencias previas señaló que, tras su captura y traslado a Estados Unidos, Maduro y Flores ya no representaban una amenaza directa para la seguridad nacional, lo que debilitaba el argumento para mantener el bloqueo total de fondos.
Ambos permanecen recluidos en una prisión federal en Brooklyn y se han declarado no culpables de cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína. El juicio formal podría comenzar dentro de uno o dos años, periodo en el que la defensa ahora podrá prepararse con recursos autorizados.

El proceso se originó en acusaciones federales contra Maduro y su círculo cercano por presunta conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. Durante años, el caso avanzó sin los acusados en custodia, mientras Washington mantenía un esquema amplio de sanciones económicas contra Venezuela.
La situación cambió el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a Flores en Caracas y los trasladaron a Nueva York. Desde entonces, el caso pasó a regirse plenamente por las garantías del sistema penal estadounidense, incluido el derecho a una defensa adecuada.
La decisión de autorizar pagos controlados busca conciliar el régimen de sanciones con las obligaciones constitucionales de garantizar un juicio justo. Mientras se mantienen las restricciones sobre activos estratégicos, se introduce una excepción limitada para evitar cuestionamientos legales que puedan afectar la validez del proceso.
En el corto plazo, la medida permite a la defensa consolidar su equipo jurídico y reduce el riesgo de impugnaciones basadas en la falta de recursos. Para la Fiscalía, el foco se trasladará hacia la solidez de las pruebas que sustentan los cargos, en un proceso que se perfila como prolongado y de alto impacto político y judicial.









