Bogotá, 21 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizaron un nuevo choque político luego de la cancelación del lanzamiento del libro “El M-19, de la guerra a la política”, prevista en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. La decisión del mandatario local desató una reacción inmediata del jefe de Estado, quien calificó el hecho como un «acto de censura» y advirtió sobre los riesgos de restringir el debate académico.
El evento estaba programado para el día de ayer y contemplaba la presentación de una obra del académico Jaime Rafael Nieto López, centrada en la transición del M-19 de abril desde la lucha armada hacia la participación política legal tras el proceso de paz. La actividad incluía la participación de investigadores y docentes, en un formato de discusión pública sobre la historia del conflicto armado colombiano.
La Alcaldía de Medellín ordenó la cancelación del acto argumentando que no era un espacio exclusivamente académico, sino que podía interpretarse como una actividad de carácter político. Además, sostuvo que en el marco de la ley de garantías electorales las instituciones públicas deben evitar escenarios que puedan favorecer narrativas políticas o proselitistas. La administración local también defendió su decisión señalando que la ciudad no debe promover contenidos que puedan interpretarse como apología de grupos armados responsables de hechos violentos en el país.
La Biblioteca Pública Piloto, entidad donde se realizaría el evento, informó posteriormente que la actividad no contaba con autorización debido al contenido del libro, lo que formalizó la cancelación. La decisión generó reacciones de sectores académicos y culturales en Medellín, que expresaron preocupación por posibles afectaciones a la libertad de cátedra y al debate público sobre la historia del conflicto armado.
Desde la Presidencia, Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X y acusó al alcalde de censurar un libro. Señaló que impedir la circulación de ideas en espacios culturales públicos representa un riesgo para la libertad de pensamiento y advirtió que este tipo de decisiones pueden escalar hacia formas más amplias de restricción del debate. El mandatario también defendió el carácter legal del antiguo M-19 tras la firma de la paz y su transformación en movimiento político.
El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, sostuvo que la decisión se basó en la protección de la memoria de las víctimas del conflicto y en el cumplimiento de las normas electorales vigentes. Afirmó que la ciudad no puede permitir espacios que, a su juicio, puedan reinterpretar de forma favorable a organizaciones armadas responsables de hechos violentos como la toma del Palacio de Justicia.
El episodio reaviva la confrontación política entre ambos dirigentes, marcada por diferencias previas en temas de seguridad, gestión territorial y visión del proceso de paz. También reabre el debate nacional sobre los límites entre la libertad académica, la regulación de eventos en instituciones públicas y el tratamiento de la memoria del conflicto armado en Colombia.
