Bogotá, 19 de abril de 2026 – El exconcejal de Bogotá y representante electo Daniel Briceño denunció que el Ministerio de Salud habría financiado con más de 1.036 millones de pesos la instalación de una tarima y logística en la Plaza de Bolívar, infraestructura que, según su señalamiento, habría sido utilizada al día siguiente en un acto político del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La denuncia plantea la posible utilización de recursos públicos para actividades proselitistas y abre cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas electorales que prohíben mezclar bienes del Estado con campañas políticas.
De acuerdo con documentos contractuales citados en la denuncia, el Ministerio de Salud suscribió el contrato 1282-2025 para la realización de un evento institucional en Bogotá. El valor total asciende a 1.036.597.429 pesos e incluye montaje de tarima, pantallas LED, sistemas de sonido, iluminación, plantas eléctricas, equipos de transmisión, carpas, mobiliario, señalización y servicios logísticos adicionales. El contrato también contemplaba personal técnico, brigadas de emergencia, vigilancia, ambulancias, baños portátiles y apoyo operativo para el desarrollo del evento oficial.
El evento institucional se realizó el 26 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar con participación del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el marco de la presentación de la reforma al sistema de salud. Sin embargo, las denuncias señalan que la misma infraestructura habría permanecido instalada para ser utilizada el 27 de febrero en un acto político del Pacto Histórico, en el que participó Iván Cepeda junto a otros congresistas, en un evento de cierre de campaña realizado en el mismo lugar.
Briceño sostiene que en el contrato aparecen ítems contratados por dos días, lo que a su juicio evidencia que la infraestructura habría sido financiada con recursos públicos también para el evento político. El congresista ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral para determinar si hubo violación de la ley de garantías o uso indebido de bienes estatales en beneficio de una campaña. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento de fondo sobre la denuncia.
El caso se da en medio de un contexto de alta sensibilidad sobre la relación entre actos institucionales y actividades proselitistas en época electoral. La normativa colombiana prohíbe a servidores públicos destinar recursos del Estado a campañas políticas o permitir su uso indirecto con fines electorales. El desarrollo de eventuales investigaciones definirá si se trató de una coincidencia logística entre contratos distintos o si existió una irregularidad en el uso de la infraestructura financiada por el Ministerio de Salud.
