Bogotá, 19 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro habría autorizado y sostenido contactos directos y reservados con emisarios del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, por fuera de los canales judiciales formales, según una investigación periodística que revela reuniones, viajes y comunicaciones que contradicen su versión pública.
El punto de partida habría sido un encuentro el 16 de mayo de 2024 en el hotel Tequendama, en Bogotá, donde Petro se reunió en privado con su asesor en ciberseguridad, Ramón Devesa, y con el abogado del contrabandista en Europa, Gonzalo Boye Tuset. La cita ocurrió poco después de la captura y posterior liberación de Marín en España y habría servido para explorar su eventual colaboración con la justicia colombiana.
Tras esa reunión, según la investigación de Cambio, el Gobierno habría activado contactos directos con el entorno del contrabandista. Según la publicación, se puso en marcha una comisión oficial a España instruida desde la Presidencia y coordinada por entonces funcionarios cercanos al Ejecutivo. Entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2024, emisarios viajaron a Madrid con el encargo de transmitir un mensaje en nombre del Estado.
Durante ese viaje, el 2 de junio, se habría planteado una propuesta concreta que incluía garantías de seguridad a cambio de que Marín compareciera ante las autoridades y entregara información sobre redes de contrabando y posibles vínculos con funcionarios públicos.
De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2026 se habrían realizado al menos diez reuniones adicionales en Colombia y en el extranjero, sin actas oficiales ni notificación a la Fiscalía. En esos encuentros habrían participado asesores de la Unidad de Información y Análisis Financiero, funcionarios de inteligencia y representantes legales del contrabandista.
La Fiscalía General de la Nación, encabezada por la fiscal Luz Adriana Camargo, aseguró que no fue informada formalmente de estos acercamientos, lo que abre interrogantes sobre la legalidad de las gestiones adelantadas desde el Ejecutivo y el manejo institucional del caso.
Los reportes indican que, tras su regreso a Colombia, los emisarios presentaron informes de inteligencia a la Presidencia con detalles sobre la estructura de contrabando y posibles conexiones con redes de corrupción. Estos documentos habrían servido de base para continuar los contactos reservados.
La revelación de estos hechos introduce un nuevo elemento de presión política para el Gobierno, al evidenciar un canal paralelo de interlocución con un actor vinculado a economías ilegales, en un proceso que no habría seguido los mecanismos judiciales establecidos.
