Bogotá, 18 de abril de 2026 – La Procuraduría General de la Nación declaró la nulidad de la actuación disciplinaria inicial por la fiesta vallenata realizada el pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí y ordenó rehacer el proceso por fallas que comprometían el debido proceso de funcionarios del Inpec. Tras corregir los errores, el organismo reabrió la investigación, amplió a 12 el número de servidores vinculados y suspendidos, e incluyó al director encargado del penal, Fabián Leandro León Rodríguez, por presunta falsedad ideológica en documento público.
El caso se originó por un evento dentro de este penal de máxima seguridad, donde se registró la presentación del cantante Nelson Velásquez ante internos. Videos difundidos mostraron el ingreso de equipos de sonido, licor, mujeres y otros civiles a un pabellón restringido, lo que desató cuestionamientos sobre los controles internos.
Inicialmente, el Inpec abrió una indagación y suspendió a 11 funcionarios, además de relevar al director encargado y al comandante de vigilancia. Sin embargo, la Procuraduría asumió el proceso el 13 de abril en poder preferente, con el argumento de unificar las actuaciones disciplinarias. Durante la revisión encontró deficiencias en el auto de apertura y en la justificación de las suspensiones, lo que llevó a anular lo actuado y devolver el caso a etapa preliminar.
Con el expediente saneado, el Ministerio Público retomó la investigación y elevó a 12 los funcionarios implicados, al incluir nuevamente a los suspendidos y sumar al director encargado. Sobre León Rodríguez recae una indagación específica por posibles inconsistencias en documentos oficiales relacionados con lo ocurrido y con eventuales autorizaciones internas.
La Procuraduría advirtió que, de comprobarse faltas graves o gravísimas, los implicados podrían enfrentar sanciones que van desde la destitución hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos. En paralelo, la Fiscalía adelanta una investigación penal por posibles delitos asociados al ingreso irregular de elementos prohibidos y a presuntos sobornos, y contempla citar a declarar a Velásquez y a otros testigos.
El escándalo tuvo repercusiones inmediatas en la política de seguridad. El Gobierno suspendió la mesa de diálogo de paz urbana en Itagüí tras considerar que los cabecillas de bandas habrían abusado de los beneficios del proceso. Además, el Ministerio de Justicia anunció cambios en la dirección del penal y medidas para reforzar los controles.
La cárcel La Paz alberga a jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados a procesos de negociación con el Estado, lo que ha incrementado la sensibilidad del caso. La Procuraduría busca establecer si hubo omisión en los controles o participación activa de funcionarios en la organización del evento, así como determinar responsabilidades en distintos niveles de mando dentro del sistema penitenciario.
