Bogotá, 13 de abril de 2026 – El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta un incidente de desacato abierto por la Corte Constitucional tras presuntos incumplimientos en las órdenes sobre el ajuste y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el principal flujo de recursos del sistema de salud. El alto tribunal lo citó a una mesa técnica y audiencia en Bogotá prevista para el día de hoy.
El caso se origina en la Sentencia T-480 de 2023, que declaró insuficiente la UPC fijada para 2024 y ordenó su reajuste con base en criterios técnicos, en desarrollo del seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008. Posteriormente, autos de seguimiento reiteraron la necesidad de ajustes que incorporaran variables como inflación y siniestralidad, pero la Corte concluyó que las medidas adoptadas por el Gobierno no resolvieron el rezago y abrió formalmente el incidente de desacato.
En el proceso intervienen entidades como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), las EPS y organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, que podrían asumir actuaciones disciplinarias o penales si se confirma incumplimiento de las órdenes judiciales.
En respuesta, Jaramillo ha cuestionado el alcance de las decisiones del alto tribunal y sostiene que el Gobierno ha aplicado incrementos progresivos de la UPC con base en criterios técnicos, advirtiendo que ajustes más altos comprometerían la sostenibilidad fiscal. El ministro insiste en que estas decisiones deben considerar el impacto presupuestal y que el Ejecutivo ha sustentado sus incrementos en análisis técnicos, mientras la Corte mantiene que el Gobierno no ha demostrado con suficiente evidencia que los recursos asignados cubran los costos reales del sistema de salud.
La audiencia convocada para hoy reunirá a más de 20 actores del sector salud para evaluar información técnica sobre la suficiencia de la UPC y definir si el valor actual responde a las necesidades del sistema. El resultado del proceso podría derivar en decisiones disciplinarias contra el ministro y marcar el rumbo del financiamiento del sistema de salud en los próximos años.
