Bogotá, 13 de abril de 2026 – El partido Centro Democrático le solicitó a la Procuraduría General de la Nación activar vigilancia urgente sobre el proceso de intervención de la Nueva EPS, al advertir presuntas irregularidades administrativas y jurídicas en la prórroga de la medida y en la designación del nuevo agente interventor.
La petición fue conocida el día de hoy, en medio de la controversia generada por el nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de la aseguradora más grande del país, que permanece bajo control estatal desde abril de 2024 por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
La intervención a la Nueva EPS fue ordenada en 2024 por la Superintendencia de Salud debido a graves problemas financieros y de gestión que, según la autoridad, ponían en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados. La medida fue prorrogada en 2025 y seguía vigente en 2026, abriendo un nuevo ciclo de decisiones administrativas sobre su continuidad.
En ese contexto, el partido de oposición cuestiona si la más reciente prórroga y el proceso de designación del interventor cumplieron los procedimientos legales establecidos, y advierte que no existirían, según su postura, todos los soportes técnicos y jurídicos que respalden la decisión adoptada.
El Centro Democrático también pidió revisar la actuación del Comité de Medidas Especiales, instancia que participa en la selección de interventores, y verificar si el perfil de Ospina cumple los requisitos exigidos para administrar una entidad con la magnitud financiera y operativa de la Nueva EPS.
La entidad aseguradora concentra más del 20% de los afiliados al sistema de salud en Colombia y enfrenta desde hace meses tensiones por deudas con hospitales y clínicas, lo que ha derivado en dificultades en la prestación de servicios y acumulación de cartera en la red prestadora.
El caso ha generado un nuevo capítulo en el debate político sobre la intervención del sistema de salud, mientras el partido insiste en que la Procuraduría debe ejercer control preventivo sobre el proceso para garantizar transparencia y legalidad en la administración de la EPS intervenida.
