Bogotá, 10 de abril de 2026 – La reacción del excanciller Álvaro Leyva Durán se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación avanzara en el proceso penal en su contra por presunto prevaricato en el caso de la licitación de pasaportes y radicara el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia.

Tras conocerse la fijación de audiencia para el próximo 23 de abril, Leyva difundió un comunicado fechado hoy en el que combinó su defensa jurídica con fuertes señalamientos políticos contra el presidente Gustavo Petro.

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El proceso judicial se centra en la decisión de Leyva, cuando era canciller, de declarar desierta la licitación pública para la expedición de pasaportes pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons, había obtenido el mayor puntaje en la evaluación y cumplía los requisitos habilitantes, según la tesis de la Fiscalía. La acusación sostiene que esa determinación habría desconocido principios de la contratación estatal y configuraría el delito de prevaricato por acción. El caso ya había tenido un antecedente disciplinario, luego de que la Procuraduría confirmara su destitución e inhabilidad por diez años.

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El excanciller elevó el tono de sus declaraciones al acusar al presidente Gustavo Petro de ser el responsable político de lo ocurrido en el proceso de pasaportes y lo señaló, sin aportar pruebas judiciales, de mantener vínculos con estructuras criminales, además de cuestionar su comportamiento en escenarios internacionales y su uso del aparato estatal. Estas afirmaciones forman parte de una serie de comunicaciones públicas en las que Leyva ha profundizado su distanciamiento con el mandatario.

El enfrentamiento entre ambos se ha extendido desde 2023, cuando estalló la crisis por la licitación de pasaportes, y se agudizó con denuncias cruzadas y procesos judiciales en curso. Mientras Leyva enfrenta el avance de su juicio ante la Corte Suprema, el presidente Petro también ha presentado denuncias penales contra su exministro por injuria, calumnia y otros delitos, consolidando una disputa que combina tensiones políticas y judiciales en el centro del debate público nacional.