Bogotá, 9 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro ordenó el regreso inmediato a Bogotá de la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, en respuesta al aumento al 100% de los aranceles que Ecuador impuso a importaciones colombianas y a los señalamientos del gobierno de Daniel Noboa sobre una supuesta falta de cooperación frente al narcotráfico. La decisión marca una nueva escalada en la relación bilateral, en medio de un cruce público de acusaciones.

El gobierno ecuatoriano elevó los aranceles tras haber aplicado desde enero un recargo del 30% a productos colombianos. La medida afecta principalmente bienes industriales y agroexportaciones que tienen a Ecuador como mercado y plataforma logística. Quito sostiene que busca proteger su economía y presionar una mayor acción de Colombia frente a economías ilegales en la frontera.

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Desde Bogotá, la reacción fue inmediata. Petro calificó el aumento como una “monstruosidad” y defendió la política de su gobierno contra el narcotráfico. En un mensaje difundido en su cuenta de X afirmó que sus compromisos en esa materia vienen desde antes de su vida política y rechazó que se responsabilice a Colombia por el avance del crimen organizado en Ecuador.

La administración de Noboa ha insistido en que estructuras del narcotráfico que operan en su país mantienen vínculos con redes colombianas, argumento con el que explica la presión comercial. Hasta ahora no hay señales de que Quito vaya a revertir la medida ni de un acercamiento diplomático inmediato.

El llamado a consultas de la embajadora es un gesto que reduce el nivel de interlocución sin romper relaciones formales. La Cancillería colombiana defendió que sí existe cooperación en inteligencia y operaciones contra el crimen transnacional, y recordó que Colombia ya había suspendido la exportación de energía a Ecuador en una fase previa del conflicto.

La tensión se venía acumulando desde comienzos de año con medidas comerciales recíprocas. En semanas recientes se sumó el choque por el caso del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, al que Petro calificó como “preso político”, lo que agravó el ambiente entre ambos gobiernos.

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El conflicto impacta a exportadores de los dos países y genera preocupación en sectores productivos que dependen del comercio bilateral. También pone presión sobre la Comunidad Andina, cuyo esquema promueve el libre intercambio entre sus miembros y mecanismos de producción de controversias sin recurrir a escaladas políticas.

La disputa combina intereses económicos, seguridad fronteriza y una confrontación política directa entre los presidentes. Mientras Ecuador enfrenta una crisis de violencia asociada al narcotráfico, Colombia rechaza asumir responsabilidades unilaterales y cuestiona el uso de herramientas comerciales como mecanismo de presión.