Bogotá, 9 de abril de 2026 – La Superintendencia Nacional de Salud designó interventores suplentes en cuatro EPS intervenidas para evitar un vacío de autoridad tras la suspensión de los titulares ordenada por la Procuraduría General por tres meses. La medida busca garantizar la continuidad en la prestación de servicios en medio de una crisis estructural del sistema de salud.

Los nuevos agentes interventores son Jessica Milena Aguirre Santana en Asmet Salud, Margarita Orozco Eslait en Servicios Occidentales de Salud, Edda Lorena Sintura en Savia Salud y Jorge Orlando Suárez Burgos en Coosalud. Con estos nombramientos, la entidad intenta asegurar la operación administrativa y financiera de las aseguradoras mientras se resuelve la situación disciplinaria de los funcionarios suspendidos.

La decisión ocurre en un contexto de alta tensión institucional. La Procuraduría no solo suspendió a los interventores titulares, sino que también solicitó a la superintendente ad hoc para la Nueva EPS, Luz Marina Múnera, que informe sobre el estado de la intervención de esa entidad, cuya resolución venció el 3 de abril sin que exista una definición oficial sobre su continuidad.

La falta de claridad sobre la Nueva EPS mantiene en incertidumbre a la mayor aseguradora del país, que concentra 11,7 millones de afiliados y tiene al Gobierno nacional como accionista mayoritario. Hasta ahora, la Superintendencia no ha precisado si la intervención será prorrogada, modificada o levantada, lo que abre un escenario de indefinición regulatoria.

En contexto: Nueva EPS se encuentra en un limbo jurídico tras el fin de la intervención del Gobierno

En paralelo, tampoco se ha anunciado quién reemplazará al interventor de Capresoca, aunque la entidad aseguró que la designación se realizará en los próximos días. Estas decisiones pendientes se suman a un panorama más amplio de intervenciones en el sistema.

Actualmente, ocho de las 29 EPS del país han sido intervenidas por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio. Según la Contraloría, estas entidades acumulan deudas superiores a 32 billones de pesos, lo que afecta el flujo de recursos hacia clínicas y hospitales y compromete la sostenibilidad del sistema.

El Gobierno de Gustavo Petro ha intensificado el uso de estas medidas administrativas tras el hundimiento de su reforma a la salud en el Congreso. Además, el Ejecutivo enfrenta limitaciones adicionales luego de que un tribunal suspendiera el decreto que buscaba trasladar masivamente afiliados entre aseguradoras.

En este escenario, el presidente ha ordenado avanzar en la liquidación de las EPS en quiebra, lo que podría implicar la salida de varias entidades del sistema y obligar a redefinir la asignación de millones de usuarios.
En contexto: Petro afirma que liquidar EPS quebradas “no dejará desamparados” a los usuarios

La Superintendencia ha reconocido que el sistema atraviesa una crisis estructural, marcada por deudas acumuladas, problemas de financiación y dificultades en la gestión de varias EPS. A esto se suma el choque entre el Ejecutivo y los órganos de control, que han frenado o condicionado algunas de las decisiones adoptadas.

Mientras se definen nuevas intervenciones, posibles liquidaciones y el futuro de la Nueva EPS, millones de afiliados permanecen en un entorno de incertidumbre sobre la continuidad y calidad de los servicios de salud.