Bogotá, 7 de abril de 2026 – El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0369 de 2026 que limita al 30% la inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones y otros recursos administrados en el país. La medida establece un periodo de transición de cinco años y busca redirigir el ahorro hacia la economía nacional.

La norma, firmada por el Ministerio de Hacienda, modifica el régimen de inversión de las administradoras de fondos de pensiones para aplicar el límite de forma global sobre todos los tipos de fondos obligatorios. A noviembre de 2025, estos recursos sumaban cerca de 267,1 billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 49% estaba invertido fuera de Colombia.

El ajuste será gradual. En los primeros tres años las administradoras deberán reducir su exposición externa a un máximo de 35%, y en los dos siguientes completar el descenso hasta el 30%. Durante este periodo, las nuevas cotizaciones deberán dirigirse prioritariamente a activos locales hasta cumplir el nuevo umbral.

El decreto también ordena la creación de un banco de proyectos de inversión productiva que será liderado por el Ministerio de Hacienda. Este instrumento funcionará como un catálogo de iniciativas en infraestructura y sectores estratégicos, con el objetivo de ofrecer alternativas que cumplan los requisitos de seguridad, rentabilidad y liquidez del ahorro pensional.

Además, las administradoras que no logren ajustarse al límite deberán presentar justificaciones técnicas ante la Superintendencia Financiera de Colombia, que será la encargada de vigilar el cumplimiento de la medida y evaluar posibles excepciones.

El Gobierno calcula que la decisión podría implicar el retorno al país de cerca de 100 billones de pesos actualmente invertidos en el exterior, recursos que se destinarían a financiar proyectos públicos y privados dentro de Colombia. La medida se sustenta en la necesidad de cerrar la brecha entre ahorro e inversión, en un contexto donde la inversión interna ronda el 20% del PIB y el ahorro nacional apenas alcanza el 8%.

Desde el sector privado, gremios como Asofondos y centros de análisis han advertido riesgos en la decisión. Señalan que reducir la inversión internacional puede afectar la diversificación de los portafolios y disminuir la rentabilidad de largo plazo, dado que una parte significativa de los rendimientos recientes provino de mercados externos.

También alertan sobre una mayor exposición al mercado local, que es más pequeño y concentrado en deuda pública y pocos emisores privados, lo que podría aumentar el riesgo para los afiliados. Estos, como titulares del ahorro pensional, serán los principales impactados por los cambios en la composición de las inversiones.

El decreto se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para impulsar la inversión interna mediante el uso del ahorro privado, en medio de un contexto de menor inversión extranjera y debates sobre la reforma pensional. Su implementación y los efectos sobre la rentabilidad y el mercado de capitales serán determinantes en los próximos años.