Caracas, 9 de abril de 2026 – Miles de trabajadores, maestros y sindicatos marcharon hoy jueves 9 de abril hacia el Palacio de Miraflores para exigir un aumento inmediato del salario mínimo, en una jornada marcada por enfrentamientos con fuerzas de seguridad y una contramarcha oficialista que elevó la tensión en Caracas y otras ciudades.

La movilización se produce en un contexto de deterioro sostenido del ingreso. El salario mínimo permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, hoy equivalente a cerca de 0,27 dólares, mientras la canasta alimentaria familiar supera los 645 dólares, según el Cendas-FVM. La brecha ha dejado a trabajadores activos, jubilados y pensionados sin capacidad de cubrir necesidades básicas.

Durante la jornada, columnas de manifestantes intentaron avanzar hacia el centro de la capital, pero fueron contenidas por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Se registraron choques puntuales, uso de gases lacrimógenos y denuncias de agresiones cuando los grupos buscaban acercarse a Miraflores, un punto históricamente restringido para protestas opositoras.

En paralelo, sectores del chavismo convocaron una movilización en respaldo al gobierno, liderada por Diosdado Cabello, lo que configuró un escenario de calles divididas. La simultaneidad de ambas marchas incrementó el despliegue de seguridad y la presión sobre los accesos al centro político de la ciudad.

En medio de la protesta, la presidenta encargada Delcy Rodríguez reiteró que el próximo 1.° de mayo se anunciará un incremento salarial. Lo calificó como un ajuste “responsable”, pero no precisó el monto ni aclaró si implicará una mejora directa del salario mínimo. El anuncio no desactivó la movilización ni modificó las exigencias de los gremios.

Las organizaciones sindicales demandan una revalorización real del salario base, la eliminación del esquema de bonificaciones que sustituye ingresos formales por pagos no salariales y la liberación de trabajadores detenidos. También reclaman respeto a la autonomía sindical y medidas que incluyan a jubilados y pensionados, actualmente excluidos de buena parte de los beneficios.

La jornada se inscribe en una secuencia de protestas en aumento desde comienzos de año. Solo en enero y febrero se registraron más de 1.200 manifestaciones en el país, con un fuerte componente de reclamos laborales y de derechos civiles, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

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El repunte ocurre tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la instalación de un gobierno interino encabezado por Rodríguez, en un proceso de transición que ha generado expectativas de cambio económico que aún no se reflejan en los ingresos de la población.

El desenlace inmediato dependerá del alcance del ajuste anunciado para mayo y de la capacidad del gobierno para responder a una presión social que combina demandas salariales con reclamos políticos. Mientras tanto, la calle se mantiene como el principal escenario de disputa.