Corte Constitucional tumba la emergencia económica del gobierno Petro

Bogotá, 9 de abril de 2026 – La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro había declarado una emergencia económica y social en todo el país. La decisión, adoptada mediante la sentencia C 075 de 2026, concluyó que el Ejecutivo no cumplió los requisitos del artículo 215 de la Constitución y excedió sus competencias al asumir funciones del Congreso.

El alto tribunal consideró que la situación fiscal alegada no era imprevisible ni extraordinaria, sino estructural, por lo que debía tramitarse por la vía legislativa ordinaria. También señaló que el uso del estado de excepción vulneró el principio de separación de poderes.

La Corte ya había suspendido provisionalmente el decreto en enero de 2026, lo que desde entonces frenó la aplicación de las medidas derivadas de la emergencia. Con el fallo definitivo, también quedan sin efectos los decretos expedidos bajo ese marco, mientras se revisan de forma individual.

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El magistrado ponente Carlos Camargo sostuvo que la emergencia se usó tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, lo que no justifica acudir a un estado de excepción. El Gobierno defendía la medida por la necesidad de atender el déficit fiscal.

La decisión reconfigura el margen de acción del Ejecutivo en materia económica y reafirma el rol del Congreso como único órgano competente para crear o modificar tributos. El impacto sobre los recursos recaudados durante la vigencia del decreto aún deberá ser definido por la Corte o el Legislativo.

El fallo también advierte que el uso de estados de excepción no puede convertirse en una vía alterna para tramitar reformas rechazadas por el Congreso. En ese sentido, la Corte refuerza los límites constitucionales al poder ejecutivo en materia económica.

Finalmente, la sentencia abre un escenario de incertidumbre jurídica sobre la validez de algunas medidas fiscales aplicadas durante la vigencia de la emergencia, mientras el país espera definiciones sobre eventuales devoluciones o convalidaciones de esos recursos.

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